Por Jorge Molina Sanhueza La visita de Estado que Michelle Bachelet hará a La Habana el 11 de febrero próximo, la primera de un mandatario chileno después de Salvador Allende, podría sumar una nueva polémica a la larga lista de cuestionamientos a su viaje, que partieron con la petición, rechazada por La Moneda, de reunirse con la disidencia cubana. Esto porque desde los primeros días de enero seis cartas de opositores al gobierno de Raúl Castro, descansan en el escritorio de la Presidenta y del canciller Alejandro Foxley, sin que hasta ahora hayan obtenido respuesta. Se trata de misivas enviadas por un ciudadano chileno e importantes figuras y organizaciones de la disidencia cubana, que solicitan reuniones con la Jefa de Estado y denuncian violaciones de Derechos Humanos en la isla. Los documentos, que revela El Mostrador.cl, se mantienen en estricta reserva en el edificio Carrera de la Cancillería y están guardadas bajo siete llaves en Palacio, debido a la complejidad que ha supuesto el viaje en que Bachelet inaugurará la Feria del Libro de La Habana dedicada a nuestro país y participará en el aniversario de Casa de las Américas y un homenaje al cineasta chileno Miguel Littin. El contenido esencial de los documentos, que podrían convertirse en otro factor de debate junto al rol que jugó La Habana en el asilo clandestino de los frentistas que asesinaron a Jaime Guzmán, es pedir ayuda al gobierno chileno para conseguir que las autoridades cubanas liberen a sus familiares o bien les permitan abandonar el país para reunirse con sus seres queridos. Silencio total La situación más compleja para el gobierno por tratarse de un connacional es la del músico Raúl Gutiérrez Villanueva. El saxofonista de jazz quien ha trabajado con artistas de la talla de Tito Puente, Omara Portuondo y el artista cubano exiliado Paquito D´Rivera, le envió una carta a Bachelet, fechada el pasado 9 de enero, donde le pide ayuda para que su esposa Jacqueline Casañas, retenida en la Isla, pueda abandonar ese país. "Todos los documentos, detalles y referencias los tiene hace bastante tiempo el señor (ex) embajador Jaime Tohá (recientemente reemplazado por Gabriel Gaspar)", escribe Gutiérrez, quien ya en 2006 había conseguido la solidaridad de Paquito D' Rivera. En septiembre de ese año, el célebre músico cubano aprovechó un almuerzo en Nueva York, organizado por el embajador chileno Heraldo Muños en honor a Bachelet, para entregarle a la Presidenta una misiva de Gutiérrez. En ella, el saxofonista chileno le hacía ver que se había radicado en La Habana debido a su profesión y que al intentar regresar a Chile, el gobierno cubano le impidió a su pareja salir con él. La gestión de Paquito D´Rivera produjo incomodidad en el entorno de la Mandataria. Al punto que la Cancillería calificó el acto de "insolente", provocando la desazón de Gutiérrez. "Hasta ahora el silencio es total; jamás un comentario, alguna carta, alguna llamada", contó entonces vía e-mail, explicando que su mujer no era disidente política. En abril de 2008, Gutiñerrez enviaría una segunda carta que al igual que la última no recibió respuesta. Doctora de alto perfil Otra carta de alto impacto, enviada a Bachelet este 4 de enero, pertenece a la doctora Hilda Molina, una destacada profesional que creó el Centro Internacional de Restauración Neurológica, uno de los institutos modelo de Fidel Castro, y fue diputada de la Asamblea Nacional. La doctora Molina logró que su hijo abandonara La Habana para radicarse en Argentina en 1994, año en que renunció a todos sus cargos y al Partido Comunista, debido a lo cual se le prohibió salir del país. Desde entonces ha pedido sin éxito que se le autorice a visitar a su hijo y nietos en Buenos Aires. Su caso generó un impasse político hace unos días, cuando intentó obtener una reunión con la presidenta argentina Cristina Fernández, quien realiza una visita oficial al país caribeño. Hace poco Molina, quien antes había hecho gestiones ante Néstor Kirchner, señaló que no espera que Cristina K "plantee su caso en Cuba", pese a que un periódico trasandino, citando a un funcionario gubernamental, aseguró que existiría la posibilidad de un encuentro con sus familiares en México. En su carta sin respuesta a Bachelet, la doctora Molina le solicita "por favor, que me conceda la posibilidad de entrevistarme con usted en su primera visita a Cuba. Me propongo exponerle en el contexto de esta entrevista la verdadera realidad de mi país...". Plataforma liberal El 6 de enero también escribieron los periodistas Óscar Espinosa Chepe y Miriam Leiva. Ambos piden reuniones con Bachelet y le relatan hechos similares a los anteriores, pidiéndole que interceda por 55 personas que permanecen en prisión "y los demás reos políticos pacíficos". "Como parte de la sociedad civil consideramos que podríamos exponerle nuestro modestos criterios sobre asuntos de interés actual para nuestro país", relatan. Otros solicitantes son la ONG Agenda para la Transición -creada en abril de 2008- cuya carta, del cinco de enero pasado, llegó recientemente a la Cancillería y La Moneda. La ONG, integrada por Marta Beatriz Roque, una de sus líderes, ha subrayado la necesidad de democratizar la isla, liberar a los presos políticos y el respeto a las libertades individuales. La carta esta firmada por ella y Vladimiro Roca Antúnez, quien desde 1990 ha liderado la oposición a Castro a través del Partido Social Demócrata, siendo encarcelado durante más de 3 años por sedición (1997-2000) y por "acciones en contra de la seguridad nacional del Estado cubano", luego de escribir un documento llamado "La Patria es Para Todos". En un último documento recepcionado el 12 de enero por La Moneda, la Unidad Liberal de la República de Cuba, Francisco Chaviano y Héctor Palacio Ruiz, secretario ejecutivo y coordinador general, respectivamente, cuentan a Bachelet su historia: "Muchos de nosotros tuvimos que soportar largas condenas de cárcel por el simple hecho de pensar, hablar y escribir. Pagamos un alto precio por anhelar y defender lo que usted representa, y de ahí nuestra necesidad de sostener el contacto que le solicitamos". Por último también esta la carta enviada -el 6 de enero pasado- por la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, ONG que ha realizado una serie de protestas y desobediencia civil contra el régimen castrista desde 2000 en adelante. Libros, censura y visas El tema de las cartas recepcionadas por Palacio y la Cancillería, se añade a las críticas que recibió la Presidenta de parte del escritor Roberto Ampuero. El autor de Nuestros años de verde olivo, quien vivió en Cuba desde 1973 hasta que rompió con el Partido Comunista en 1979 para marcharse de la Isla, dijo el 9 de enero que "no es posible que un gobierno vaya a inaugurar una feria y con esto legitime un política de censura contra los autores de su propio país", a raíz del veto de la feria dedicada a Chile de su libro y otros como Confieso que he vivido de Pablo Neruda y Personan non grata de Jorge Edwards. Según se indicó en la Cancillería la visita podría llegar a costar unos US$ 600 mil (más de $ 360 millones). Ya se han solicitado 75 visas de de cortesía y se estima que la comitiva, en total alcanzaría a unas 150 personas, sumando pilotos y azafatas. Gustavo Hasbún, el UDI más cercano a La Habana: "Nadie puede inmiscuirse en los asuntos internos de Cuba" (21 de Enero de 2009) Viera Gallo: Viaje de Bachelet a Cuba debe considerarse como cualquier visita de Estado (16 de Enero de 2009)Se mantienen en reserva en la Cancillería y en La Moneda
"Un presidente que ha vivido y ha sufrido los rigores de la dictadura de Augusto Pinochet no puede ir a un país donde hay una dictadura desde hace 50 años, hacer como que no existe esa dictadura e, incluso, no reunirse con la gente que ha sufrido la represión", agregó.
Artículos relacionados:
22 enero 2009
Exclusivo: Las cartas de la disidencia cubana que Bachelet no ha respondido
16 enero 2009
La orden secreta de Foxley para protestar contra los ataques de Israel en Gaza
Por Jorge Molina Sanhueza El canciller Alejandro Foxley es un hombre que conoce muy bien las señales del mundo diplomático y las maneja en forma delicada, pero con firmeza, dicen quienes lo conocen. Por eso, mientras ayer los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara pedían que el gobierno "llamara a informar" a la embajadora de Chile en Israel, Irene Bronfman, por el bombardeo a una sede de la ONU en la franja de Gaza, Foxley sondeó con La Moneda una opción intermedia que podría enfriar las relaciones con Jerusalén. Ayer el Canciller repudió los ataques y los más de mil muertos que lleva ya la ofensiva israelita en territorio palestino señalando que "es inaceptable". Pero no acogió los llamados de los parlamentarios Marcelo Díaz (PS), Iván Moreira (UDI) y Jorge Tarud (PPD), quienes pedían que Bronfman viajara de vuelta a Chile como señal de protesta por las acciones militares en Gaza iniciadas hace veinte días. SIGA LEYENDOMantuvo a embajadora que estaba de vacaciones en Chile en vez de llamarla a informar
14 enero 2009
Miembros del Consejo para la Transparencia no han presentado declaración de intereses
- ¿Y no hubiera sido mejor por transparencia pública que lo hubieran hecho con los tiempos que manda la ley?
Este Consejo ha sido uno de los caballitos de batalla del gobierno actual. Sin embargo, hechos de este tipo pueden llegar a empañar su credibilidad pública, antes de que comiencen a ejercer sus funciones, ya que, al menos hasta ahora, tienen un patrimonio reservado.
Artículos Relacionados:
Asesor clave para transparencia y probidad está vinculado al caso EFE (20 de noviembre de 2008)
La opacidad y el cuoteo rondan al Consejo de Transparencia (22 de septiembre de 2008)
08 enero 2009
El sumario de la Contraloría que complica al decano Felipe Morandé
Por Jorge Molina Sanhueza La Contraloría encontró graves faltas a la probidad y posibles delitos de fraude al Fisco en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), cuyo decano es Felipe Morandé, uno de los asesores del candidato presidencial Sebastián Piñera y también panelista del programa de Chilevisión Tolerancia Cero. Por esta razón, la entidad revisora envió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúen la presentación de una querella criminal e inició un sumario interno para establecer las responsabilidades administrativas que correspondan a distintos académicos, donde podría incluirse el propio Morandé. El organismo fiscalizador determinó que la Fundación Facultad de Negocios (FFN) creada en 2003 al alero de esa sede académica para competir en el mercado, generar asesorías y diplomados, contrató desde 2005 a 2007 a empresas que estaban compuestas por los mismos académicos de la casa de estudios, quienes a su vez, incluso, contrataban a sus propios familiares. Felipe Morandé, en todo caso, asumió como decano el 3 de julio de 2006. "El análisis de los hechos descritos permite concluir que funcionarios de la facultad... al intervenir en razón de sus funciones en asuntos en los que tenían interés personal, habrían contravenido el principio de probidad administrativa al no observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto de la función o cargo...", señala el documento. El antecedente Sapag La FFN fue creada en 2003, pero no operó hasta 2005, cuando se inició un "proceso paulatino de puesta en marcha". En octubre del año siguiente, una vez asumido Morandé, se modificaron los estatutos, se nombró un director ejecutivo y "se la dotó de personal propio y se concretó su funcionamiento". Básicamente, esta fórmula buscaba poder competir en el mercado y posicionar a la casa de estudios al nivel de la UC y de la Adolfo Ibáñez, y generar así un modelo de gestión moderno que evitara la compleja sujeción a la burocracia estatal para generar recursos. Todo ello viene desde principios de los 80', cuando el régimen militar terminó con el aporte del 100 por ciento a esa casa de estudios, obligándola a crear entidades ligadas para generar dinero. Sin embargo, de acuerdo a la Contraloría, los cursos, diplomados y asesorías auditadas en esta oportunidad, no reportaron recursos para la universidad, para la fundación ni menos para la FFN, toda vez que las empresas externas contratadas se arrogaron facultades que eran propias de la casa de estudios. Tanto es así que se dictaron diplomados "que tuvieron una duración inferior a la exigencia de un mínimo de 216 horas cronológicas". Esta no es la primera vez que la FEN se ve envuelta en irregularidades de este tipo. En 2003 fue destituido el entonces jefe del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), Nassir Sapag, en una de las aristas del caso MOP-GATE que hasta hoy sustancia la ministra Gloria Ana Chevesich. Sapag fue condenado por el delito de estafa al fisco a la pena de 541 días e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El principio del fin La indagatoria de la Contraloría comenzó con la denuncia presentada por el académico Miguel Mendoza en abril de 2008, donde relató gran parte de los hechos que estableció el organismo y que son muy similares al ocurrido con Sapag. Por lo mismo, no es descartable que sigan el mismo camino en el Ministerio Público y en los tribunales. Esto porque el propio Mendoza ingresó una querella en 2007 ante el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El informe entrega el análisis hecho sólo a 69 convenios y un muestreo de un 17 por ciento, donde se evidenciaron los posibles delitos. Uno de los hechos acreditados lo constituye la asesoría al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde fue contratada la empresa Profesionales Morales y Gávez Limitada, uno de cuyos socios era Mario Morales Parraguez, representante de la FFN hasta 2008. La firma ganó $ 6 millones 500 mil y la hermana de Morales Parraguez -María- recibió más de $ 4 millones por su trabajo. Otro contrato cuestionado es el de la empresa Maqueira Caro Limitada, uno de cuyos socios es Carlos Maqueira -también representante de la FFN- y su esposa Lorena Caro. Hechos similares se produjeron con las asesorías a la Central de Abastecimiento (Cenabast) y a la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Anomalías también se produjeron en diplomados que se llevaron a cabo en Puerto Montt y Punta Arenas. La Contraloría también encontró tres sociedades constituidas por académicos de la misma universidad y que realizaron distintos trabajos. Se trata de la Sociedad de Profesionales Farías y Arce, Qualimet Limitada, y Bonilla y Asociados Limitada. El caso recién comienza y complica la actual administración de Morandé, y también enloda a la del rector Víctor Pérez, quien desde que fue electo no había enfrentado hechos de esta naturaleza. Morandé posee un magíster y un doctorado en Estados Unidos, se ha desempeñado como profesor en la misma U. de Chile, junto a labores en el Banco Mundial y el Banco Central de Chile. Desde su llegada la FEN ha impulsado un reposicionamiento de la marca y el prestigio de la Facultad, toda vez que mantiene importantes relaciones transversales en el mundo del poder, entre ellos con el dueño de Copesa, Álvaro Saieh, ex alumno y ex profesor de dicha Facultad, y, por cierto, con el propio Piñera. Este medio intentó obtener una versión del decano, pero su secretaria indicó que no sería posible.Graves faltas a la probidad y posible fraude al fisco en Economía de la U. de Chile
06 enero 2009
El maletín secreto del caso Registro Civil
Por Jorge Molina Sanhueza La fiscal Centro Norte Alejandra Godoy, que lleva la investigación por los supuestos actos de corrupción en una licitación de US$ 80 millones en el Registro Civil, logró una prueba que podría llegar a resultar clave para engarzar el tinglado que involucra al ex director del organismo Guillermo Arenas y a los ejecutivos de la multinacional india Tata y que los tiene ad portas de enfrentar un juicio. Y es que Godoy accedió -previa autorización judicial- a que uno de los imputados en la causa, el empresario Flavio Venturini, grabara a otro inculpado, el "gestor" de negocios Danilo Rivas, con una cámara oculta en un maletín, al estilo de un agente encubierto. De allí obtuvo un diálogo que configura nuevas sospechas sobre las intenciones que hubo detrás de la licitación que ganó Tata a principios de este año para modificar la plataforma informática del servicio de identidades. Pero antes de que Venturini registrara clandestinamente a Rivas, hay una historia de señales, cambios a última hora de "puntos" de reunión, gestos e intentos de imputar hechos falsos a ejecutivos de Tata, como también coordinaciones entre imputados para evitar la acción de la justicia y que revela en exclusiva El Mostrador.cl, luego que la fiscal levantara el secreto que pesaba sobre la misma. Los hechos tienen como antecedente una declaración anterior prestada por Venturini, donde describe una comida en la que participó en septiembre de 2006 en la casa de Arenas, donde participó Rivas y el entonces presidente de Tata para Chile, Henry Manzano, donde se habría gestado un esquema "para pagar favores políticos". El sobre sellado El pasado 14 de octubre, a eso de las 10.00, el empresario Flavio Venturini se sorprendió. A su oficina llegó un desconocido, que le entregó a su secretaria dos sobre sellados. Cuando los abrió y los leyó, decidió romperlos en el acto. En uno de ellos estaban los antecedentes comerciales de su empresa, mientras que en el segundo había una declaración hecha por Rivas ante los detectives de la Bridec un día antes. Pero Venturini se arrepintió, los sacó del papelero, los introdujo en otro sobre y se los entregó a la fiscal Godoy. Los documentos en cuestión se los había allegado Venturini al propio Rivas en 2006, con la finalidad de generar futuros negocios. De allí que se sorprendiera con lo que estimó era una clara señal de que debía guardar silencio. El mismo día a las 11.00, un segundo sujeto, Hugo Voisín, llegó hasta la oficina que Venturini mantiene en la calle Huérfanos y le señaló que Rivas lo esperaba en el estacionamiento. Sin embargo, Venturini se negó al encuentro, avisándole a la fiscal, quien le indicó que pidiera una nueva reunión con Rivas, con el objeto de saber qué buscaba el otro imputado. Y así lo hizo. El próximo "punto" quedó agendado para el 16 de octubre a las 17.00 en un aparcadero ubicado en Miraflores con Merced, al más puro estilo hollywoodense. Pero el día en cuestión no hubo reunión, pese a la insistencia de Venturini. Nuevamente llegó otro sujeto desconocido a la oficina de este último, dejando a la secretaria otro sobre, esta vez con la declaración que prestó Rivas ante la fiscal. Al día siguiente, Voisin llamó nuevamente a Venturini, señalándole que el lunes 20 de octubre se reuniría con Rivas, pero que le confirmaría sólo momentos antes de la cita el "punto". La fiscal Alejandra Godoy, entonces, vio una oportunidad para obtener más pruebas para su ya compleja investigación y le propuso a Venturini que grabara el encuentro. Este accedió. El maletín La fiscal informó de inmediato a su detective de confianza de la Bridec, Cristián Lobos, y se armó la "operación". Consiguieron un maletín que tenía en su interior una cámara con micrófono para grabar a Rivas. Aquel lunes, Venturini esperaba en su oficina, no sin el lógico nerviosismo que produce realizar un acto que puede ser descubierto por el interlocutor. Las horas transcurrían hasta que a eso del mediodía llegó Hugo Voisín, señalándole que el lugar elegido era el patio de comida que se ubica en el segundo piso de la Galería Imperio, a pasos de la oficina de Venturini. Una vez en el lugar se inició un diálogo, según averiguó este diario, que le permite a la fiscal Godoy configurar nuevas sospechas del verdadero conocimiento que Rivas tiene de un supuesto acto de corrupción, pero que resultó trunco, debido a que antes de ejecutarse, la plana mayor del Registro Civil debió renunciar por orden del Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, en marzo pasado. Esto, luego de la denuncia que presentó la empresa Quintec, donde daba cuenta de que un asesor del servicio de identidades para la licitación -Andrés Contardo, hoy formalizado por revelación de secreto- trabajaba como "doble agente" para Tata. Venturini inició la conversación y le explicó había leído las declaraciones que le llegaron a la oficina, pero que no estaba de acuerdo con parte del contenido, básicamente porque Rivas sabía que habría comisiones una vez concretado el negocio y que éstas que se repartirían. Rivas lo negó, pero Venturini le recordó que el acuerdo de negocios se lo había enviado en un pendrive. Las versiones de uno y otro iban y venían. El primero le dijo al segundo que bajara el tono de la voz porque estaban en un lugar público y hubo miradas por si había "moros en la costa". De pronto Venturini retruca y le enrostra a Rivas que, si no fue él quien le entregó el acuerdo de negocios, entonces quién más pudo haberlo hecho. Este último picó el anzuelo y le dijo que le declarara a la fiscal que había sido Andrés Tupper, el ex gerente comercial de Tata, imputado en la causa y querellado por cohecho por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Pero Rivas pasó a la ofensiva y le indicó que no había nada de malo en un contrato, donde habrían comisiones por trabajos que se realizarían y donde el propio Venturini participaría creando del "diseño de solución" para la licitación de la plataforma informática. Rivas le indicó que nunca trató siquiera de influir en el ex director del Registro Civil Guillermo Arenas, a quien conoce hace 40 años cuando ambos de la juventud cuando militaban en el Partido Radical. "Por lo demás la reunión (de 2006) y el contacto entre Tata y Arenas no tiene nada malo, ya que yo estaba tratando de gestar un negocio y tu buscabas vender tus horas de consultoría", le recordó Rivas A renglón seguido le insistió en que, cuando fuera a declarar ante la fiscal, no entrara en divagaciones, ya que la perseguidora no tenía nada en su contra, toda vez que estaba "coordinados" con los ejecutivos de Tata para testimoniar lo mismo. Finalmente, Rivas sacó su última carta bajo la manga. Un papel donde tenía escritas tres instrucciones básicas, casi como si supiera que su interlocutor lo grababa. - Te van a usar (o te pueden usar) de señuelo. - ¿Te ha contactado la fiscal o alguien relacionado con la investigación? - ¿Te han ofrecido algún acuerdo? Rivas tenía toda la razón para sospechar, porque Venturini ya tiene un principio de acuerdo con el Ministerio Público, para que suspender el procedimiento que pesa en su contra, aunque para ello primero la fiscal debe formalizarlo. Como se ve, una nueva complejidad en esta ya intrincada investigación. Artículos relacionados Caso Registro Civil: Multan a ex director del FBI que hacía investigación paralela para Tata (05 de Enero de 2009) Fiscal del caso Registro Civil pide al FBI hacer "radiografía" a 23 imputados (02 de Enero de 2009) La secreta reunión de la fiscal con el jefe iberoamericano de Tata (09 de Diciembre de 2008) Caso Registro Civil: Intercepción telefónica apunta a eventual financiamiento de campaña de Bachelet (27 de Noviembre de 2008) Insólito error de jueza abortó intercepción telefónica a ex ejecutivo de Tata (17 de Octubre de 2008) Los correos electrónicos complican a director (s) de Registro Civil (26 de Abril de 2008)Imputado grabó a otro a proposición de la Fiscal
Entradas
