12 mayo 2006

Los generales que oyeron la orden de Pinochet para sacar a Berríos de Chile

De izquierda a derecha, los generales (R) Jorge Lucar Figueroa, Rodrigo Sánchez Casilla y Fernando Torres Silva


El ex jefe de la DINE general (R) Hernán Ramírez Rurange asegura que Pinochet le dijo: “Y usted, general Ramírez, usted debe sacar de Chile, llevarlo y protegerlo en Uruguay... a un ex agente de la DINA, se llama Eugenio Berríos".

Jorge Molina Sanhueza

Al menos seis generales del alto mando del Ejército en 1991 vieron y escucharon cuando Augusto Pinochet dio la orden al jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hernán Ramírez Rurange -hoy en retiro-, de sacar de Chile con destino a Uruguay al químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo.

Así establece la declaración que prestó Ramírez Rurange hace tres semanas -de fojas 7.448- en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago ante el ministro en visita Alejandro Madrid y que mantiene en custodia en su caja fuerte.


Fernando Torres Silva


De acuerdo con los antecedentes recabados por La Nación, Ramírez Rurange confesó que en el encuentro estaban presentes los generales Jorge Lucar Figueroa, a la sazón vicecomandante en jefe del Ejército; Rodrigo Sánchez Casillas, jefe del Estado Mayor del Ejército, y el auditor general del Ejército, general (J) Fernando Torres Silva. La identidad de los otros tres generales no ha sido confirmada por este diario.

Jorge Lucar Figueroa

El relato de Ramírez Rurange señala que llegó con un par de minutos de retraso a la reunión. Pinochet daba las órdenes al resto de sus subordinados y a él le espetó: “Y usted, general Ramírez, usted debe sacar de Chile, llevarlo y protegerlo en Uruguay... a un ex agente de la DINA, se llama Eugenio Berríos”.

“Mi general sabía...”

Ramírez Rurange procedió a enviar a Berríos al Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), dirigido por el coronel Manuel Provis Carrasco. El químico de la DINA fue llevado por dos agentes de la Unidad Especial de la DINE, Pablo Rodríguez Márquez y Raúl Lillo Gutiérrez, a Punta Arenas y de ahí salió a Argentina por el paso de Monte Aymond. Era octubre de 1991. Luego fue llevado a Uruguay, donde se mantuvo en la clandestinidad. Se le vio con vida por última vez el 15 de noviembre de 1992.

Según los dichos de Ramírez Rurange: “Mi general Pinochet sabía perfectamente quién era Eugenio Berríos”.

Rodrigo Sánchez Casillas

Si se relacionan los dichos de Ramírez Rurange con las otras declaraciones que constan en el expediente, los generales mencionados más arriba se contradicen. Ninguno de ellos ha reconocido, al menos hasta ahora, lo declarado por su colega.

El caso de Torres Silva es paradigmático. Durante su mandato en la Auditoría General del Ejército obstruyó la acción de la justicia en los distintos procesos por violaciones de los derechos humanos.

La declaración del ex jefe de la DINE, además, deja en mal pie a quien fue su reemplazante en el espionaje criollo, el general (R) Eugenio Covarrubias, quien asumió el mando en diciembre de 1992. Durante su mando Berríos fue asesinado.

Ramírez Rurange está sometido a proceso por el ministro Madrid en calidad de autor de los delitos de asociación ilícita y secuestro.

Es así y no es así

La confirmación de que hubo seis altos oficiales también vino ayer de parte del abogado Álvaro Varela, patrocinante de la familia Frei en la causa. “Está claramente probado y de primera mano, que la orden de la operación Berríos la dio Pinochet. Y ocurre que esa orden la dio además en presencia de varios generales y en un recinto militar”.

Mauricio Unda, representante de Ramírez Rurange, en tanto, dijo que no se referiría en profundidad a la declaración hecha por su cliente, pero explicó que éste “dio la orden reglamentaria de sacar y proteger al señor Berríos fuera del país y así se hizo, pero debe entenderse que proteger es hasta el momento en que la otra persona se reinserta laboralmente en el lugar y eso es todo”.

Pablo Rodríguez, defensor de Pinochet, aseguró ayer que su cliente “no ha tenido intervención de ninguna naturaleza ni conocimiento remoto de estos hechos”

A su entender, la petición de desafuero elevada el miércoles a la Corte de Apelaciones por el ministro Madrid se basa únicamente en que Pinochet en esa época era comandante en jefe del Ejército.

Sin embargo, las palabras de Rodríguez se contraponen con las declaraciones del propio magistrado, quien el miércoles aseveró que la solicitud no se debe a la responsabilidad de mando de Pinochet, sino a una “prueba directa”. LN

11 mayo 2006

Ex jefe DINE entregó testimonio para el desafuero de Pinochet





General (R) Ramírez Rurange dijo que le ordenaron sacar de Chile a Berríos

En los antecedentes elevados a la Corte de Apelaciones se puede leer, entre líneas, que el ministro Alejandro Madrid conmina al ex dictador a recuperar su honor militar precisando “el exacto grado de participación de los procesados y de esta manera permitir que sus defensas puedan realizarse en forma adecuada”.

Jorge Molina Sanhueza

Tres semanas atrás, el general (R) Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), concurrió en forma muy reservada al Sexto Juzgado del Crimen de Santiago.
En el privado del tribunal le esperaba el ministro Alejandro Madrid y su actuario. Iniciada la declaración, Rurange se convirtió en el primer alto oficial en confesar que Augusto Pinochet dio la orden de sacar en octubre de 1991 al químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, lo que determinó que el magistrado elevara ayer los antecedentes para que la Corte de Apelaciones resuelva el desafuero del ex dictador como autor de los delitos de asociación ilícita, secuestro y homicidio.
La foja quedó rolada 7.748 y actualmente está bajo custodia en la caja fuerte que Madrid mantiene en su despacho.
De acuerdo a los antecedentes recabados por La Nación con una alta fuente judicial, la historia de este testimonio comenzó hace poco más de un mes cuando el abogado del general (R), Mauricio Unda, inició los primeros contactos con el magistrado, ya que su cliente quería, por primera vez, referirse a este capítulo.
Vale recordar que Ramírez Rurange en 1991 era el jefe de la DINE, cargo que dejó en diciembre del mismo año siendo reemplazado por el general Eugenio Covarrubias. Este último asumió la operación de mantener fuera de Chile a Berríos, como también al entonces capitán de la CNI, Luis Arturo Sanhueza Ross.

Reunión secreta

Por esta razón, los dichos de Ramírez Rurange se instalan en el proceso como una cadena lógica de hechos, ya que si este último recibió la orden para sacar de Chile a Berríos, su reemplazante pudo haber recibido otra para eliminarlo.
La convicción del ministro Madrid se completó al sumar a este último antecedente el testimonio del jefe de la Unidad Especial de la DINE y avanzada de los viajes de Pinochet, mayor (R) Arturo Silva Valdés, el del capitán (R) Jaime Torres Gacitúa –segundo en la línea de mando-, y la declaración del ex jefe del Servicio Secreto Exterior del Ejército (SSE), Maximiliano Ferrer Lima. Por ejemplo, tanto el primero como el segundo reconocieron que la orden para sacar a Berríos a Uruguay, donde permaneció escondido para evitar que declarara en el caso Letelier en octubre de 1991, fue precisamente de Ramírez Rurange. Al mismo tiempo, ambos oficiales recordaron que entre el 12 y 14 de noviembre de 1992 Pinochet viajó a Argentina a reunirse con su homólogo Martín Balza. En esa oportunidad, el general Covarrubias -ya jefe de la DINE- les ordenó que debían sacar a Berríos de Uruguay porque el ex dictador viajaría a la república oriental.
Estos testimonios son claves ya que el último día que se vio con vida a Berríos fue el 15 de noviembre del mismo año, cuando huyó desde la casa donde estaba secuestrado por militares chilenos y uruguayos a la comisaría del balneario de Canelones, en Uruguay.
Otro hecho que confirma la declaración de Ramírez Rurange es la reunión sostenida el martes pasado por los abogados defensores de los procesados del caso Berríos. En ella estaban Carlos Portales, abogado de los militares uruguayos extraditados (Tomás Casella, Werllington Sarli y Eduardo Radaelli), Ximena Márquez, Jorge Balmaceda y Marcelo Cibié padre, representante de Covarrubias, entre otros.
Cibié relató a los presentes los detalles de la declaración de Ramírez Rurange y cómo podía afectar a su cliente. Entonces se esbozó una estrategia legal para hacerle frente. En el encuentro no estaba Mauricio Unda, abogado de Ramírez Rurange.

Recuperar el honor

El desafuero elevado por Madrid al tribunal de alzada contiene sólo tres páginas. En él se detallan las declaraciones para pedir que la Corte le quite la inmunidad a Pinochet, como ex Presidente, e interrogarlo como inculpado y procesarlo.
Sin embargo, entre líneas, Madrid le mandó un mensaje a Pinochet, donde lo conmina a recuperar su honor militar, reconociendo los hechos y asumiendo la responsabilidad que le cupo como comandante en jefe del Ejército.
Por eso, el fundamento usado por Madrid para pedir su desafuero es que sus dichos en la causa “permitirían que éste prestara declaración indagatoria en este juicio manifestando lo conveniente para demostrar su inocencia y pudiendo también colaborar con la investigación sumarial a fin de precisar el exacto grado de participación de los procesados y de esta manera permitir que sus defensas puedan realizarse en forma adecuada”. LN

09 mayo 2006

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07 mayo 2006

El industrial y el coronel de la Operación Océano, el capítulo desconocido del proceso contra el empresario Manuel Losada

Dos informes de la Dipolcar, basados en las declaraciones del colombiano Carlos Zuluaga y en sus propias indagaciones, revelarían la participación de un conocido industrial y de un coronel de Inteligencia en operaciones ligadas al tráfico de drogas a fines de los años 80 y principios de los ’90.


Por Jorge Molina Sanhueza

Todo comenzó en 1985. El colombiano Carlos Zuluaga Buitrago se encontraba privado de libertad en el penal de Cartagena cumpliendo una condena por tráfico de marihuana. Como los días en la cárcel son siempre más largos de lo común, hizo amistad con un capitán de marina mercante chileno que, ese año, había caído en las manos de la justicia colombiana por el mismo delito. Se trataba de Miguel Cabrera Vassilieu, que purgaba pena por el embarque de cannabis en una operación montada por el empresario viñamarino Manuel Losada y desbaratada en Barranquilla. Estando en prisión, Cabrera Vassilieu notó que ambos lidiaban con similar negocio y luego de entrar en confianza analizaron la posibilidad de usar la estructura estatal y empresarial chilena para futuras operaciones de narcotráfico. Este vínculo, una de las tantas conspiraciones delictivas que se tejen a diario en cualquier cárcel, marcó el inicio de una relación criminal entre los carteles colombianos, Losada y la Cosa Nostra (ver recuadro) que culminó en 1992 en la detención, cerca de las costas cubanas, del buque “Harbour” con cinco toneladas de cocaína.

Gracias al aviso de un informante que al interior de la organización criminal tenía Luis Pérez, el agente en Chile de la Drug Enforcemement Administration (DEA), Zuluaga cayó nuevamente a la cárcel junto al capitán del barco Yerko Huerta.

Seis años más tarde, en 1998, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se dejó caer sobre Losada con una investigación denominada Operación Océano, hasta ahora la más grande en la historia del narcotráfico y lavado de dinero en Chile, donde hay 11 personas acusadas y prontas a recibir sentencia (ver recuadro).

Pero dentro de esta historia existe un capítulo no resuelto hasta ahora... y es la participación de un coronel de Inteligencia militar y un conocido industrial de armas chileno en la trama. La identidad de este último La Nación se la reserva, pues no hay cargos levantados en su contra.

QUE SÍ, QUE NO

Así al menos dan cuenta dos documentos. El primero, el informe de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) que consta en el proceso que se encuentra incoado actualmente en el Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso (cuyo expediente fue revisado íntegramente por La Nación), y que da cuenta de una entrevista realizada en 1997 en Miami por los uniformados en la cárcel de Florida donde sigue preso Zuluaga.

En él se revela que el coronel de Inteligencia les entregó información a los narcos colombianos conocidos como “Los Osos”, quienes, junto con viajar a Chile, supieron de primera fuente cómo ingresar al país “usando la sombra de los radares del norte para evitar ser detectados”, reza el documento. Era 1988.

Gracias a estos datos, “Bustos, un tal Carlos Navarro y Bent Wettergren se trasladaron al norte con los elementos de comunicación y seguridad para ingresar la droga a Chile, la subieron a una casa rodante, la cambiaron a un camión tanque”, dice el informe, y escondieron los 500 kilos detrás de una comisaría en Quilpué. La información era correcta y la operación fue todo un éxito.

En ese contexto es que Zuluaga se hace residente de Viña del Mar. Vive como un rey, con 50 mil dólares mensuales para el bolsillo que le proporciona el cartel de Medellín.

EL HOMBRE CERO

Un segundo documento, que no se encuentra adosado a la causa y que también preparó la Dipolcar –al que tuvo acceso este diario–, revela que el coronel de Inteligencia trabajaba para una persona de apellido Contreras. De hecho, asegura que su esposa, quien reside en Colombia, cuenta con las fotografías del uniformado, pero que además la DEA tiene otro registro que nunca ha sido dado a conocer.

Sin embargo, el detalle más sorprendente es el que involucra al industrial chileno para lavar los narcodólares provenientes, en efectivo, desde Europa, de los contactos con Bernardo Provenzano, entonces el jefe indiscutido de la Cosa Nostra, detenido recientemente en Sicilia.

Según lo que contó Zuluaga a los carabineros de la Dipolcar en la segunda ronda de entrevistas hecha en Miami (Florida), el encargado de hacer el contacto con el industrial chileno fue un abogado de apellido Delgado (probablemente un seudónimo), cuya oficina se encontraba detrás del Hotel Carrera. De aproximadamente 45 años, canoso y de aspecto distinguido, relató el colombiano.

Pero Zuluaga no era sólo uno de los “embajadores” en Chile de los carteles colombianos. Por encima de él había un compatriota suyo (con el nombre falso de Sebastián Duque) que vivía en El Arrayán, en la precordillera de Santiago. Como fachada para traficar droga Duque usaba una fábrica de muebles de exportación en cuyo interior logró sacar de Chile entre 30 y 40 toneladas de cocaína.

Duque, según el relato, no era un aparecido. Traía en camiones la droga desde Mendoza, la que era reelaborada en Caleta Abarca, en Viña del Mar, siendo transformada en líquido en un laboratorio. De esta manera fueron enviados 150 kilos del alcaloide a Estados Unidos en 360 botellas de vino de la Viña Manquehue, sin que esta firma tuviera alguna responsabilidad.

Si se contextualizan los hechos a fines de los ’80 y principios de los ’90, en Caleta Abarca vivía un peruano experto en licuar la cocaína. Se trata de Máximo Isidro Bocanegra Guevara, un narco y ex agente de Inteligencia militar peruana, cercano al asesinado químico de la DINA Eugenio Berríos. El sujeto fue detenido en junio de 2001 por el OS-7 de Carabineros, precisamente con un laboratorio de este tipo, en la denominada Operación Camila, en la comuna de Melipilla.

EL INDUSTRIAL

Pero Duque, además, era el contacto con el industrial chileno. El informe de la Dipolcar es elocuente cuando relata la fórmula usada para traer a Chile el dinero proveniente de las ventas de drogas en Europa. “Por intermedio de (...) mandaban carga (...) muy privada, que al llegar a Europa, alguien la declaraba dañada y debía regresar a Chile. Cuando regresaba este material (...) venía con los dólares en su interior. Se trata de una carga especial que nadie revisa ni menos procede a abrir”.

Zuluaga continúa su testimonio señalando que una vez concretada la operación de narcodólares viajó a Miami a juntarse con dos chilenos que eran hombres de confianza del industrial y el coronel de Inteligencia. Se reunieron en el Hotel Marriot de la ciudad del estado de Florida, ubicado al lado del diario “Miami Herald”. Los chilenos, posteriormente, siguieron camino a Suiza para hacer los trámites con el dinero y traspasarlos a cuentas cifradas. “Ellos reclamaban el dinero con los números. Zuluaga piensa que sacaron la plata en maletas y no a través de los números”, señala el informe secreto de Dipolcar.

El colombiano asegura que (el industrial) cobraba el 10% del dinero transportado, Sebastián Duque el 2%, y él un 1%.

Respecto al militar de Inteligencia, el segundo informe de Carabineros dice: “Zuluaga se reunió dos veces en el Hotel Sheraton. Una de esas veces le fue presentado (el industrial)”.

Estaban presentes Zuluaga, Duque, Alberto Osorio (un colombiano del cartel de Medellín), el coronel de Inteligencia y dos abogados.

“La reunión en el Hotel Sheraton era de exportadores, en un salón conexo se comentó la operación -dice el informe-. (El industrial) ofreció sus productos de exportación e importación para traer los fajos de dinero negro”.

EL PRIMER PAGO

Zuluaga relató con detalles su participación en la primera entrega en Chile de los narcodólares colombianos traídos por El industrial.

El testimonio señala que estando en Viña del Mar viajó a Santiago en su automóvil marca Toyota Corolla. Una vez que pasó el túnel Lo Prado de la Ruta 68, dobló a mano izquierda. En ese lugar se ubica el Complejo Lo Aguirre del Ejército (donde hay una planta enriquecedora de uranio). Ahí lo esperaba el coronel de Inteligencia, donde aprovechó de dejar su auto en el recinto militar. Luego, continuó su camino hacia el aeropuerto Arturo Merino Benítez, junto al mencionado oficial y otros vehículos castrenses. En el lugar les esperaba la carga venida desde Europa, la que fue transportada hasta una fábrica de tubos de cemento ubicada entonces cerca del barrio Bellavista.

En ese lugar se hizo la entrega formal del dinero a los colombianos del cartel de Medellín. Luego, cumplida su misión, Zuluaga fue llevado de regreso al Complejo Lo Aguirre, recuperó su auto y prosiguió viaje a Viña del Mar.

Hasta hoy, la pista ha quedado en el aire y, tanto el industrial como el coronel – si es verídico el relato de Zuluaga–, aún gozan de los suculentos dividendos que les reportó la operación con los narcos colombianos. LND

La captura del falso Provenzano

El 14 de marzo de 1991, un agente del OS-7 de Carabineros llegó hasta el entonces Hotel Carrera, tomó el ascensor y se dirigió a la habitación 834. En el lugar le esperaba un “carabinieri” italiano y un agente de la DEA, quienes le indicaron que llegarían al país dos capos de la Mafia siciliana y que podría estar en Chile, coordinando un envío de mil 500 kilos de cocaína hacia Europa, el jefe máximo de la Cosa Nostra, Bernardo Provenzano (recientemente –el pasado 11 de abril– detenido en Corleone, su localidad natal, situada a pocos kilómetros de Palermo, capital de Sicilia, tras 43 años en la clandestinidad).

En marzo del ’91, los agentes extranjeros entregaron al uniformado chileno un dossier con fotografías y todos los antecedentes del caso, ya que Guglielmo Fidanzati y Luciano Luchesi llegaban a Santiago el 17 de marzo a las 11:15 horas en el vuelo 171 de Lan Chile, proveniente de Madrid, Río de Janeiro y São Paulo.

Aquel día, dos equipos del OS-7 (o patrullas de apresto) estaban apostados en distintas ubicaciones del terminal aéreo, a la espera de que los dos capos pisaran suelo nacional.

Los policías chilenos debían seguirlos, vigilarlos en cada uno de sus pasos y, si la suerte les acompañaba, dar un golpe histórico al crimen organizado. Para realizar el operativo, el OS-7 debió conseguir una autorización judicial, previo contacto con el Departamento de Tráfico y Lavado de Dinero del Consejo de Defensa del Estado.

Fidanzati y Luchesi fueron recibidos en Chile por otro hombre, un poco mayor, de unos 50 años, dice el informe secreto del OS-7, y que hablaba también italiano. Todos abordaron un automóvil Peugeot, patente FX-7149, y se dirigieron al centro de Santiago. Cuando se hizo el primer chequeo de información apareció el vínculo con el empresario Manuel Losada, ya que el vehículo era de Francisca Martínez Aljaro, una pariente cercana.

La vigilancia siguió de manera constante. Pero con el correr de los días, los uniformados se percataron que apareció un sujeto a quien en sus informes llamaron “el hombre calvo”. La sospecha era -si comparaban las fotos, era clara: estaban frente a Provenzano.

Pero como en este tipo de operaciones la paciencia es la que permite llegar a buenos resultados, los carabineros del OS-7 esperaron cuáles serían los pasos de Fidanzati, Luchesi y del “hombre calvo” en Santiago. No pasó mucho tiempo para que apareciera un cuarto integrante de la Cosa Nostra, Nicola Papeo. Este último se alojó desde el 17 de febrero hasta el 5 de marzo de 1991 en el Hotel Crown Plaza, pero luego se cambió junto a una mujer, aparentemente su pareja, a un departamento en calle Los Conquistadores de Providencia.

Uno de los centros de reuniones de los mafiosos fue un local de Pizza Hut, ubicado en Lyon con 11 de Septiembre, donde fueron fotografiados por el OS-7, pero jamás pudieron grabar sus conversaciones.

Sin embargo, en una oportunidad se reunieron con Losada en el Hotel Miramar. Habían sido presentados en Colombia por el capo del cartel de Cali, Hermes Valencia Trujillo. En ese contexto es que invitó a los italianos a Chile para que conocieran el país y analizaran la posibilidad de hacer negocios y establecer nexos para futuras operaciones.

Una de las alternativas que se analizó para trasladar alcaloides fue el uso del barco “Rapel”, entre otros futuros acuerdos de cooperación.

LOS TURISTAS

Los miembros de la Cosa Nostra hicieron de todo en Santiago. Compraron ropa en el Pueblo del Inglés, conocieron el centro de la ciudad como si fueran turistas comunes y corrientes, pero con el OS-7 tras sus pasos. Y así pasaron los días, hasta que el 22 de marzo de 1991, a las 13:30, Fidanzati y Luchesi abandonan el Hotel Crown Plaza previo pago de la cuenta telefónica y, abordando un taxi Peugeot -dice el informe del OS-7- tomaron rumbo por la Alameda hacia el poniente. El seguimiento lo hicieron Simón y Martín, los agentes a cargo.

Mientras esto ocurría, el otro equipo de policías –Esteban y Milenko– realizaba la vigilancia de un departamento de avenida 11 de Septiembre 2211, “con el fin de ver al hombre calvo cuando salga y poder detenerlo, ya que se tomó la determinación de que se trataría de Bernardo Provenzano”, dice el documento que consta a fojas 281 del cuaderno reservado del proceso.

A las 14:30 horas, Simón y Martín llegaron al aeropuerto tras los pasos de Fidanzati y Luchesi. De pronto aparecen también el “hombre calvo” y Papeo. En una “decisión de campo” se resuelve que los dos primeros aborden el avión. Los cuatro mafiosos se despiden, pero los agentes siguen los pasos de los que se quedan. Se coordina un operativo para no levantar sospechas y “el hombre calvo y Papeo” son detenidos en la barrera de control del aeropuerto y llevados a la 27a Comisaría que resguarda el terminal aéreo.

Los agentes del OS-7, estaban exitadísimos por haber detenido a Provenzano. Sin embargo, el hombre entregó su pasaporte a nombre de Michele Rizzi. Al consultar si la identidad y las huellas coincidían todo se frustró. No era Provenzano.

De todas formas, Rizzi y Papeo fueron detenidos y llevados al OS-7, hasta donde llegó el agente Curtis, de la policía italiana, y el de la DEA, Steve Pelman.

EL CABRO CARRERA

Los investigadores sabían, además, que el destino de Fidanzati y Papeo era São Paulo (Brasil), donde se encontrarían con Blanca Silva Soto, hija del mafioso chileno Mario Silva Leiva, conocido como el “Cabro Carrera”. El paseo les duró poco porque fueron detenidos por la policía brasileña y enviados a Italia para enfrentar a la justicia.

Blanca Silva Soto fue detenida junto a su padre en abril de 1997, en uno de los más grandes golpes contra el crimen organizado chileno que montó el CDE, conocido como la Operación Ana Frank.

Los hechos entregan una clara visión de cómo las mafias siciliana y colombiana mantenían contactos de negocios para el mercado del tráfico internacional de drogas con dos connotados chilenos.

La vida de los capos italianos siguió su rumbo tras las rejas. Rizzi murió en la cárcel de Parma en 1994; Papeo salió el año pasado desde el penal de Bari; Fidanzati sigue privado de libertad en la penitenciaría de Cuneo, y Luchesi cumple condena recién el 2014. Ahora bien, ¿cuál fue el vínculo del industrial chileno y del coronel de Inteligencia militar con la Mafia siciliana? Una pregunta que quizás algún día será aclarada.