Por Jorge Molina Sanhueza El canciller Alejandro Foxley es un hombre que conoce muy bien las señales del mundo diplomático y las maneja en forma delicada, pero con firmeza, dicen quienes lo conocen. Por eso, mientras ayer los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara pedían que el gobierno "llamara a informar" a la embajadora de Chile en Israel, Irene Bronfman, por el bombardeo a una sede de la ONU en la franja de Gaza, Foxley sondeó con La Moneda una opción intermedia que podría enfriar las relaciones con Jerusalén. Ayer el Canciller repudió los ataques y los más de mil muertos que lleva ya la ofensiva israelita en territorio palestino señalando que "es inaceptable". Pero no acogió los llamados de los parlamentarios Marcelo Díaz (PS), Iván Moreira (UDI) y Jorge Tarud (PPD), quienes pedían que Bronfman viajara de vuelta a Chile como señal de protesta por las acciones militares en Gaza iniciadas hace veinte días. SIGA LEYENDOMantuvo a embajadora que estaba de vacaciones en Chile en vez de llamarla a informar
16 enero 2009
La orden secreta de Foxley para protestar contra los ataques de Israel en Gaza
14 enero 2009
Miembros del Consejo para la Transparencia no han presentado declaración de intereses
- ¿Y no hubiera sido mejor por transparencia pública que lo hubieran hecho con los tiempos que manda la ley?
Este Consejo ha sido uno de los caballitos de batalla del gobierno actual. Sin embargo, hechos de este tipo pueden llegar a empañar su credibilidad pública, antes de que comiencen a ejercer sus funciones, ya que, al menos hasta ahora, tienen un patrimonio reservado.
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08 enero 2009
El sumario de la Contraloría que complica al decano Felipe Morandé
Por Jorge Molina Sanhueza La Contraloría encontró graves faltas a la probidad y posibles delitos de fraude al Fisco en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), cuyo decano es Felipe Morandé, uno de los asesores del candidato presidencial Sebastián Piñera y también panelista del programa de Chilevisión Tolerancia Cero. Por esta razón, la entidad revisora envió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúen la presentación de una querella criminal e inició un sumario interno para establecer las responsabilidades administrativas que correspondan a distintos académicos, donde podría incluirse el propio Morandé. El organismo fiscalizador determinó que la Fundación Facultad de Negocios (FFN) creada en 2003 al alero de esa sede académica para competir en el mercado, generar asesorías y diplomados, contrató desde 2005 a 2007 a empresas que estaban compuestas por los mismos académicos de la casa de estudios, quienes a su vez, incluso, contrataban a sus propios familiares. Felipe Morandé, en todo caso, asumió como decano el 3 de julio de 2006. "El análisis de los hechos descritos permite concluir que funcionarios de la facultad... al intervenir en razón de sus funciones en asuntos en los que tenían interés personal, habrían contravenido el principio de probidad administrativa al no observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto de la función o cargo...", señala el documento. El antecedente Sapag La FFN fue creada en 2003, pero no operó hasta 2005, cuando se inició un "proceso paulatino de puesta en marcha". En octubre del año siguiente, una vez asumido Morandé, se modificaron los estatutos, se nombró un director ejecutivo y "se la dotó de personal propio y se concretó su funcionamiento". Básicamente, esta fórmula buscaba poder competir en el mercado y posicionar a la casa de estudios al nivel de la UC y de la Adolfo Ibáñez, y generar así un modelo de gestión moderno que evitara la compleja sujeción a la burocracia estatal para generar recursos. Todo ello viene desde principios de los 80', cuando el régimen militar terminó con el aporte del 100 por ciento a esa casa de estudios, obligándola a crear entidades ligadas para generar dinero. Sin embargo, de acuerdo a la Contraloría, los cursos, diplomados y asesorías auditadas en esta oportunidad, no reportaron recursos para la universidad, para la fundación ni menos para la FFN, toda vez que las empresas externas contratadas se arrogaron facultades que eran propias de la casa de estudios. Tanto es así que se dictaron diplomados "que tuvieron una duración inferior a la exigencia de un mínimo de 216 horas cronológicas". Esta no es la primera vez que la FEN se ve envuelta en irregularidades de este tipo. En 2003 fue destituido el entonces jefe del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), Nassir Sapag, en una de las aristas del caso MOP-GATE que hasta hoy sustancia la ministra Gloria Ana Chevesich. Sapag fue condenado por el delito de estafa al fisco a la pena de 541 días e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El principio del fin La indagatoria de la Contraloría comenzó con la denuncia presentada por el académico Miguel Mendoza en abril de 2008, donde relató gran parte de los hechos que estableció el organismo y que son muy similares al ocurrido con Sapag. Por lo mismo, no es descartable que sigan el mismo camino en el Ministerio Público y en los tribunales. Esto porque el propio Mendoza ingresó una querella en 2007 ante el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El informe entrega el análisis hecho sólo a 69 convenios y un muestreo de un 17 por ciento, donde se evidenciaron los posibles delitos. Uno de los hechos acreditados lo constituye la asesoría al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde fue contratada la empresa Profesionales Morales y Gávez Limitada, uno de cuyos socios era Mario Morales Parraguez, representante de la FFN hasta 2008. La firma ganó $ 6 millones 500 mil y la hermana de Morales Parraguez -María- recibió más de $ 4 millones por su trabajo. Otro contrato cuestionado es el de la empresa Maqueira Caro Limitada, uno de cuyos socios es Carlos Maqueira -también representante de la FFN- y su esposa Lorena Caro. Hechos similares se produjeron con las asesorías a la Central de Abastecimiento (Cenabast) y a la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Anomalías también se produjeron en diplomados que se llevaron a cabo en Puerto Montt y Punta Arenas. La Contraloría también encontró tres sociedades constituidas por académicos de la misma universidad y que realizaron distintos trabajos. Se trata de la Sociedad de Profesionales Farías y Arce, Qualimet Limitada, y Bonilla y Asociados Limitada. El caso recién comienza y complica la actual administración de Morandé, y también enloda a la del rector Víctor Pérez, quien desde que fue electo no había enfrentado hechos de esta naturaleza. Morandé posee un magíster y un doctorado en Estados Unidos, se ha desempeñado como profesor en la misma U. de Chile, junto a labores en el Banco Mundial y el Banco Central de Chile. Desde su llegada la FEN ha impulsado un reposicionamiento de la marca y el prestigio de la Facultad, toda vez que mantiene importantes relaciones transversales en el mundo del poder, entre ellos con el dueño de Copesa, Álvaro Saieh, ex alumno y ex profesor de dicha Facultad, y, por cierto, con el propio Piñera. Este medio intentó obtener una versión del decano, pero su secretaria indicó que no sería posible.Graves faltas a la probidad y posible fraude al fisco en Economía de la U. de Chile
06 enero 2009
El maletín secreto del caso Registro Civil
Por Jorge Molina Sanhueza La fiscal Centro Norte Alejandra Godoy, que lleva la investigación por los supuestos actos de corrupción en una licitación de US$ 80 millones en el Registro Civil, logró una prueba que podría llegar a resultar clave para engarzar el tinglado que involucra al ex director del organismo Guillermo Arenas y a los ejecutivos de la multinacional india Tata y que los tiene ad portas de enfrentar un juicio. Y es que Godoy accedió -previa autorización judicial- a que uno de los imputados en la causa, el empresario Flavio Venturini, grabara a otro inculpado, el "gestor" de negocios Danilo Rivas, con una cámara oculta en un maletín, al estilo de un agente encubierto. De allí obtuvo un diálogo que configura nuevas sospechas sobre las intenciones que hubo detrás de la licitación que ganó Tata a principios de este año para modificar la plataforma informática del servicio de identidades. Pero antes de que Venturini registrara clandestinamente a Rivas, hay una historia de señales, cambios a última hora de "puntos" de reunión, gestos e intentos de imputar hechos falsos a ejecutivos de Tata, como también coordinaciones entre imputados para evitar la acción de la justicia y que revela en exclusiva El Mostrador.cl, luego que la fiscal levantara el secreto que pesaba sobre la misma. Los hechos tienen como antecedente una declaración anterior prestada por Venturini, donde describe una comida en la que participó en septiembre de 2006 en la casa de Arenas, donde participó Rivas y el entonces presidente de Tata para Chile, Henry Manzano, donde se habría gestado un esquema "para pagar favores políticos". El sobre sellado El pasado 14 de octubre, a eso de las 10.00, el empresario Flavio Venturini se sorprendió. A su oficina llegó un desconocido, que le entregó a su secretaria dos sobre sellados. Cuando los abrió y los leyó, decidió romperlos en el acto. En uno de ellos estaban los antecedentes comerciales de su empresa, mientras que en el segundo había una declaración hecha por Rivas ante los detectives de la Bridec un día antes. Pero Venturini se arrepintió, los sacó del papelero, los introdujo en otro sobre y se los entregó a la fiscal Godoy. Los documentos en cuestión se los había allegado Venturini al propio Rivas en 2006, con la finalidad de generar futuros negocios. De allí que se sorprendiera con lo que estimó era una clara señal de que debía guardar silencio. El mismo día a las 11.00, un segundo sujeto, Hugo Voisín, llegó hasta la oficina que Venturini mantiene en la calle Huérfanos y le señaló que Rivas lo esperaba en el estacionamiento. Sin embargo, Venturini se negó al encuentro, avisándole a la fiscal, quien le indicó que pidiera una nueva reunión con Rivas, con el objeto de saber qué buscaba el otro imputado. Y así lo hizo. El próximo "punto" quedó agendado para el 16 de octubre a las 17.00 en un aparcadero ubicado en Miraflores con Merced, al más puro estilo hollywoodense. Pero el día en cuestión no hubo reunión, pese a la insistencia de Venturini. Nuevamente llegó otro sujeto desconocido a la oficina de este último, dejando a la secretaria otro sobre, esta vez con la declaración que prestó Rivas ante la fiscal. Al día siguiente, Voisin llamó nuevamente a Venturini, señalándole que el lunes 20 de octubre se reuniría con Rivas, pero que le confirmaría sólo momentos antes de la cita el "punto". La fiscal Alejandra Godoy, entonces, vio una oportunidad para obtener más pruebas para su ya compleja investigación y le propuso a Venturini que grabara el encuentro. Este accedió. El maletín La fiscal informó de inmediato a su detective de confianza de la Bridec, Cristián Lobos, y se armó la "operación". Consiguieron un maletín que tenía en su interior una cámara con micrófono para grabar a Rivas. Aquel lunes, Venturini esperaba en su oficina, no sin el lógico nerviosismo que produce realizar un acto que puede ser descubierto por el interlocutor. Las horas transcurrían hasta que a eso del mediodía llegó Hugo Voisín, señalándole que el lugar elegido era el patio de comida que se ubica en el segundo piso de la Galería Imperio, a pasos de la oficina de Venturini. Una vez en el lugar se inició un diálogo, según averiguó este diario, que le permite a la fiscal Godoy configurar nuevas sospechas del verdadero conocimiento que Rivas tiene de un supuesto acto de corrupción, pero que resultó trunco, debido a que antes de ejecutarse, la plana mayor del Registro Civil debió renunciar por orden del Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, en marzo pasado. Esto, luego de la denuncia que presentó la empresa Quintec, donde daba cuenta de que un asesor del servicio de identidades para la licitación -Andrés Contardo, hoy formalizado por revelación de secreto- trabajaba como "doble agente" para Tata. Venturini inició la conversación y le explicó había leído las declaraciones que le llegaron a la oficina, pero que no estaba de acuerdo con parte del contenido, básicamente porque Rivas sabía que habría comisiones una vez concretado el negocio y que éstas que se repartirían. Rivas lo negó, pero Venturini le recordó que el acuerdo de negocios se lo había enviado en un pendrive. Las versiones de uno y otro iban y venían. El primero le dijo al segundo que bajara el tono de la voz porque estaban en un lugar público y hubo miradas por si había "moros en la costa". De pronto Venturini retruca y le enrostra a Rivas que, si no fue él quien le entregó el acuerdo de negocios, entonces quién más pudo haberlo hecho. Este último picó el anzuelo y le dijo que le declarara a la fiscal que había sido Andrés Tupper, el ex gerente comercial de Tata, imputado en la causa y querellado por cohecho por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Pero Rivas pasó a la ofensiva y le indicó que no había nada de malo en un contrato, donde habrían comisiones por trabajos que se realizarían y donde el propio Venturini participaría creando del "diseño de solución" para la licitación de la plataforma informática. Rivas le indicó que nunca trató siquiera de influir en el ex director del Registro Civil Guillermo Arenas, a quien conoce hace 40 años cuando ambos de la juventud cuando militaban en el Partido Radical. "Por lo demás la reunión (de 2006) y el contacto entre Tata y Arenas no tiene nada malo, ya que yo estaba tratando de gestar un negocio y tu buscabas vender tus horas de consultoría", le recordó Rivas A renglón seguido le insistió en que, cuando fuera a declarar ante la fiscal, no entrara en divagaciones, ya que la perseguidora no tenía nada en su contra, toda vez que estaba "coordinados" con los ejecutivos de Tata para testimoniar lo mismo. Finalmente, Rivas sacó su última carta bajo la manga. Un papel donde tenía escritas tres instrucciones básicas, casi como si supiera que su interlocutor lo grababa. - Te van a usar (o te pueden usar) de señuelo. - ¿Te ha contactado la fiscal o alguien relacionado con la investigación? - ¿Te han ofrecido algún acuerdo? Rivas tenía toda la razón para sospechar, porque Venturini ya tiene un principio de acuerdo con el Ministerio Público, para que suspender el procedimiento que pesa en su contra, aunque para ello primero la fiscal debe formalizarlo. Como se ve, una nueva complejidad en esta ya intrincada investigación. Artículos relacionados Caso Registro Civil: Multan a ex director del FBI que hacía investigación paralela para Tata (05 de Enero de 2009) Fiscal del caso Registro Civil pide al FBI hacer "radiografía" a 23 imputados (02 de Enero de 2009) La secreta reunión de la fiscal con el jefe iberoamericano de Tata (09 de Diciembre de 2008) Caso Registro Civil: Intercepción telefónica apunta a eventual financiamiento de campaña de Bachelet (27 de Noviembre de 2008) Insólito error de jueza abortó intercepción telefónica a ex ejecutivo de Tata (17 de Octubre de 2008) Los correos electrónicos complican a director (s) de Registro Civil (26 de Abril de 2008)Imputado grabó a otro a proposición de la Fiscal
05 enero 2009
Caso Registro Civil: Multan a ex director del FBI que hacía investigación paralela para Tata
Por Jorge Molina Sanhueza Seis ex funcionarios del FBI -entre ellos quien fuera el director adjunto del organismo, William J. Espósito- llegaron a Chile hace algunas semanas en distintos vuelos, tradicional fórmula de "cobertura" para no ser detectados. Su misión no era cualquier cosa, venían al país contratados por le empresa multinacional india Tata, para hacer una investigación paralela a la que lleva la fiscal Centro Norte, Alejandra Godoy, por los supuestos actos de corrupción con motivo de una licitación de US$ 80 millones en el Registro Civil. Todo esto, porque ejecutivos chilenos de la firma tienen la calidad de imputados en la causa y están ad-portas de enfrentar un juicio, donde incluso es parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Claro que en esta oportunidad ya no venían como detectives de la famosa institución, sino como empleados de la firma Freeh Group (www.freehgroup.com) -una empresa global de auditoría- cuyo dueño es Louis J. Freeh, ex director nacional del FBI durante la administración del ex Presidente Bill Clinton. La misión, según el término que usaron para definir un levantamiento de información referente al tema en Chile fue: "estudio de antecedentes basado en hechos reales". Sin embargo, luego de ser interrogados en calidad de testigos por la perseguidora, Extranjería de la Policía de Investigaciones descubrió que carecían de un permiso para trabajar. Por ello fueron multados, abandonando el país horas más tarde, en una historia que tiene todos los ingredientes de una novela basada en un caso previo a una presentación ante el gran jurado estadounidense y que revela en exclusiva El Mostrador.cl. La venida de estos ex agentes se suma a una serie de dificultades que la fiscal ha enfrentado en esta indagatoria. Estas van desde la quema de un disco duro donde estaban las almacenadas las intercepciones telefónicas al director del Registro Civil Guillermo Arenas. El responsable fue el policía a cargo de las grabaciones Jorge Donoso -ligado a la sección inteligencia desde mediados de los 80- hoy formalizado y en prisión preventiva. También está el caso de una jueza de garantía que cometió un misterioso error de tipeo, avisando a los abogados defensores de unos imputados de Tata que se les intervendrían las conversaciones a sus clientes. Cronología de un fracaso Todo comenzó hace algunas semanas cuando Espósito llamó por teléfono a la fiscal Alejandra Godoy para solicitarle una audiencia y estudiar los antecedentes que poseía en la causa, como también llevarse una copia de los mismos, enviándole luego un correo electrónico, explicándole su labor. La perseguidora, como era lógico, le negó la solicitud aduciendo que la ley se lo impedía. Sin embargo, les indicó que si querían hablar con ella, podían hacerlo en calidad de testigos, para dejar una constancia en la carpeta de investigación. Pasados algunos días Espósito y el ex agente Raúl Roldán viajaron a Chile, escribiendo en el papel de ingreso de policía internacional que venían como "turistas", mientras que sus colegas llegaban en distintos vuelos bajo la misma figura. Todos se alojaron en el hotel Ritz Carlton. Estando en territorio nacional fueron citados a declarar por Godoy, en el marco de su investigación. La intención de la fiscal era saber qué hacían en el país y conocer el trabajo realizado. Allí descubrió que "conversaron" con mucha gente obteniendo información sobre el curso del caso. Otras fuentes que supieron de la diligencia, explicaron que también prepararon un perfil de la perseguidora y evaluaron las fallas en los procedimientos y estándares de Tata. Al verse expuesto a las preguntas, Espósito "confesó" que habían más empleados de Freeh Group "operando" en Chile, revelando que eran cuatro ex agentes y una mujer que servía de enlace de la firma con la consultora Price Waterhouse, entregando los nombres de cada uno y dónde estaban alojados. Raúl Roldán, en tanto, se comportó como un verdadero agente de inteligencia. Poco y nada entregó. Algo similar, aunque algo más relajados ya, estuvieron las otras cinco personas, que también entregaron el testimonio ante la fiscal. Básicamente, Freeh Group se dedica a asesorías de todo tipo, desde las corporativas, seguridad, análisis de fallas en las empresas, mejorar los controles internos, como a este tipo de "estudio de antecedentes basado en hechos reales" que ayudan a enfrentar un juicio. Se especuló que Tata había pagado más de US$ 3 millones por el servicio. Si bien estas "asesorías" son muy usadas en Estados Unidos por empresas que arriesgan que sus ejecutivos sean condenados, ya sea en casos penales o civiles, o incluso temas de imagen, lo cierto es que en Chile los únicos encargados de hacer investigaciones son las policías y el Ministerio Público. Que estos ex agentes del FBI estaban en Chile y eran interrogados fue informado de inmediato a la fiscal regional Centro Norte, Sonia Rojas y al jefe nacional Sabas Chahuán. Si bien es cierto todo estaba en regla, era mejor protegerse de un posible escándalo, ya que a la oficina de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) donde se le formulaban las preguntas llegó incluso un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Chile. Cabe recordar que el escándalo que afectó al servicio de identidades, comenzó con una denuncia hecha por la empresa Quintec que participaba también en el concurso para modificar la plataforma informática, aduciendo irregularidades en el proceso de otorgamiento del contrato con el servicio público. Conocidos estos datos, y sumados a una publicación del sitioCiperchile, el comité político de La Moneda ordenó descabezar la plana mayor del organismo en marzo pasado. El amigo de Madonna A minutos de que la diligencia terminara uno de los detectives presentes en el interrogatorio, les preguntó a los ex FBI si contaban con la autorización para trabajar en Chile. Los estadounidenses dijeron que no. Sin duda un error de cálculo que no previeron pese a su larga experiencia. Inmediatamente, se informó a la Unidad de Extranjería, que designó a uno de sus funcionarios que maneja esa legislación al revés y al derecho. Los empleados de Freeh Group debieron pasar a otra dependencia donde les recordaron que existe un tratado entre ambos países que les permite trabajar en suelo nacional sólo informando que vienen a ello. Espósito miraba a Roldán sorprendido. También lo estaba al abogado del estudio Carey que los acompañaba, Marcelo San Feliú -ex fiscal- ya que el detective a cargo les indicaba cómo era posible que no conocieran la ley, que hubiera sido más fácil informar a la autoridad competente evitando la multa que les aplicarían. Para amenizar la conversación, el funcionario policial incluso les dijo que él fiscalizó a la cantante Madonna en su reciente ingreso a Chile y que ella hizo el trámite sin problemas. Finalmente, los testigos hicieron la fila en Extranjería junto a otras personas de distinta nacionalidades, como un ejemplo de igualdad ante la ley, pagar su multa y volver a su oficina en el país del norte, con la cola entre las piernas. "Este no es un país bananero", explicó una fuente policial que conoció del procedimiento.Y otros cinco ex agentes del organismo que "operaban" en Chile
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