Caso Registro Civil: Multan a ex director del FBI que hacía investigación paralela para Tata

Y otros cinco ex agentes del organismo que "operaban" en Chile

Los sujetos trabajan en una firma de "auditoría global" de Estados Unidos, llamada Freeh Group, quienes fueron interrogados en calidad de testigos por la fiscal que lleva la indagatoria Alejandra Godoy en dependencias de Investigaciones, hasta donde llegaron sus abogados del estudio Carey y del penalista Jorge Bofill e incluso un alto funcionario de la embajada de ese país en Santiago. Los detectives descubrieron que no tenían permiso para trabajar en Chile y que habían ingresado en vuelos distintos en calidad de "turistas".

Por Jorge Molina Sanhueza

Seis ex funcionarios del FBI -entre ellos quien fuera el director adjunto del organismo, William J. Espósito- llegaron a Chile hace algunas semanas en distintos vuelos, tradicional fórmula de "cobertura" para no ser detectados. Su misión no era cualquier cosa, venían al país contratados por le empresa multinacional india Tata, para hacer una investigación paralela a la que lleva la fiscal Centro Norte, Alejandra Godoy, por los supuestos actos de corrupción con motivo de una licitación de US$ 80 millones en el Registro Civil. Todo esto, porque ejecutivos chilenos de la firma tienen la calidad de imputados en la causa y están ad-portas de enfrentar un juicio, donde incluso es parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Claro que en esta oportunidad ya no venían como detectives de la famosa institución, sino como empleados de la firma Freeh Group (www.freehgroup.com) -una empresa global de auditoría- cuyo dueño es Louis J. Freeh, ex director nacional del FBI durante la administración del ex Presidente Bill Clinton.

La misión, según el término que usaron para definir un levantamiento de información referente al tema en Chile fue: "estudio de antecedentes basado en hechos reales". Sin embargo, luego de ser interrogados en calidad de testigos por la perseguidora, Extranjería de la Policía de Investigaciones descubrió que carecían de un permiso para trabajar. Por ello fueron multados, abandonando el país horas más tarde, en una historia que tiene todos los ingredientes de una novela basada en un caso previo a una presentación ante el gran jurado estadounidense y que revela en exclusiva El Mostrador.cl.

La venida de estos ex agentes se suma a una serie de dificultades que la fiscal ha enfrentado en esta indagatoria. Estas van desde la quema de un disco duro donde estaban las almacenadas las intercepciones telefónicas al director del Registro Civil Guillermo Arenas. El responsable fue el policía a cargo de las grabaciones Jorge Donoso -ligado a la sección inteligencia desde mediados de los 80- hoy formalizado y en prisión preventiva. También está el caso de una jueza de garantía que cometió un misterioso error de tipeo, avisando a los abogados defensores de unos imputados de Tata que se les intervendrían las conversaciones a sus clientes.

Cronología de un fracaso

Todo comenzó hace algunas semanas cuando Espósito llamó por teléfono a la fiscal Alejandra Godoy para solicitarle una audiencia y estudiar los antecedentes que poseía en la causa, como también llevarse una copia de los mismos, enviándole luego un correo electrónico, explicándole su labor. La perseguidora, como era lógico, le negó la solicitud aduciendo que la ley se lo impedía. Sin embargo, les indicó que si querían hablar con ella, podían hacerlo en calidad de testigos, para dejar una constancia en la carpeta de investigación.

Pasados algunos días Espósito y el ex agente Raúl Roldán viajaron a Chile, escribiendo en el papel de ingreso de policía internacional que venían como "turistas", mientras que sus colegas llegaban en distintos vuelos bajo la misma figura. Todos se alojaron en el hotel Ritz Carlton.

Estando en territorio nacional fueron citados a declarar por Godoy, en el marco de su investigación. La intención de la fiscal era saber qué hacían en el país y conocer el trabajo realizado. Allí descubrió que "conversaron" con mucha gente obteniendo información sobre el curso del caso. Otras fuentes que supieron de la diligencia, explicaron que también prepararon un perfil de la perseguidora y evaluaron las fallas en los procedimientos y estándares de Tata.

Al verse expuesto a las preguntas, Espósito "confesó" que habían más empleados de Freeh Group "operando" en Chile, revelando que eran cuatro ex agentes y una mujer que servía de enlace de la firma con la consultora Price Waterhouse, entregando los nombres de cada uno y dónde estaban alojados. Raúl Roldán, en tanto, se comportó como un verdadero agente de inteligencia. Poco y nada entregó. Algo similar, aunque algo más relajados ya, estuvieron las otras cinco personas, que también entregaron el testimonio ante la fiscal.

Básicamente, Freeh Group se dedica a asesorías de todo tipo, desde las corporativas, seguridad, análisis de fallas en las empresas, mejorar los controles internos, como a este tipo de "estudio de antecedentes basado en hechos reales" que ayudan a enfrentar un juicio. Se especuló que Tata había pagado más de US$ 3 millones por el servicio.

Si bien estas "asesorías" son muy usadas en Estados Unidos por empresas que arriesgan que sus ejecutivos sean condenados, ya sea en casos penales o civiles, o incluso temas de imagen, lo cierto es que en Chile los únicos encargados de hacer investigaciones son las policías y el Ministerio Público.

Que estos ex agentes del FBI estaban en Chile y eran interrogados fue informado de inmediato a la fiscal regional Centro Norte, Sonia Rojas y al jefe nacional Sabas Chahuán. Si bien es cierto todo estaba en regla, era mejor protegerse de un posible escándalo, ya que a la oficina de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) donde se le formulaban las preguntas llegó incluso un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Chile.

Cabe recordar que el escándalo que afectó al servicio de identidades, comenzó con una denuncia hecha por la empresa Quintec que participaba también en el concurso para modificar la plataforma informática, aduciendo irregularidades en el proceso de otorgamiento del contrato con el servicio público. Conocidos estos datos, y sumados a una publicación del sitioCiperchile, el comité político de La Moneda ordenó descabezar la plana mayor del organismo en marzo pasado.

El amigo de Madonna

A minutos de que la diligencia terminara uno de los detectives presentes en el interrogatorio, les preguntó a los ex FBI si contaban con la autorización para trabajar en Chile. Los estadounidenses dijeron que no. Sin duda un error de cálculo que no previeron pese a su larga experiencia.

Inmediatamente, se informó a la Unidad de Extranjería, que designó a uno de sus funcionarios que maneja esa legislación al revés y al derecho. Los empleados de Freeh Group debieron pasar a otra dependencia donde les recordaron que existe un tratado entre ambos países que les permite trabajar en suelo nacional sólo informando que vienen a ello.

Espósito miraba a Roldán sorprendido. También lo estaba al abogado del estudio Carey que los acompañaba, Marcelo San Feliú -ex fiscal- ya que el detective a cargo les indicaba cómo era posible que no conocieran la ley, que hubiera sido más fácil informar a la autoridad competente evitando la multa que les aplicarían.

Para amenizar la conversación, el funcionario policial incluso les dijo que él fiscalizó a la cantante Madonna en su reciente ingreso a Chile y que ella hizo el trámite sin problemas.

Finalmente, los testigos hicieron la fila en Extranjería junto a otras personas de distinta nacionalidades, como un ejemplo de igualdad ante la ley, pagar su multa y volver a su oficina en el país del norte, con la cola entre las piernas. "Este no es un país bananero", explicó una fuente policial que conoció del procedimiento.

Fiscal del caso Registro Civil pide al FBI hacer “radiografía” a 23 imputados

La diligencia busca establecer un posible pago de coimas desde Estados Unidos o bien de bancos con representación en paraísos fiscales a distintos actores de esta investigación, con el fin de establecer no sólo la existencia de esos dineros, sino también, desde dónde y hacia qué cuentas pudieron haber sido transferidos. La perseguidora usó de esta manera un convenio que el Ministerio Público tiene con la entidad de Estados Unidos.

Por Jorge Molina Sanhueza

La fiscal Centro Norte Alejandra Godoy, que lleva la investigación por las anomalías descubiertas en una licitación de US$ 80 millones que pretendía modificar la plataforma informática del Registro Civil, movió una nueva pieza en este complejo ajedrez que tiene como centro al ex director del organismo Guillermo Arenas y a la multinacional india Tata.

En esta oportunidad, la perseguidora le solicitó al Federal Bureau of Investigation (FBI) que realice una radiografía penal y financiera en Estados Unidos -y otros lugares del mundo o paraísos fiscales donde podría hallar información- a 23 personas que mantiene como imputadas en la causa.

La información la obtuvo El Mostrador.cl en una audiencia de cautela de garantías que se realizó, en el marco de este mismo caso, el pasado 31 de diciembre en el Séptimo Juzgado de Garantía, en favor del único formalizado en esta indagatoria, Andrés Contardo, a quien se le formularon cargos por revelación de secreto, ya que trabajaba al mismo tiempo en el servicio de identidades y para Tata, empresa que ganó la licitación ya mencionada.

La diligencia busca establecer un posible pago de coimas, desde el propio Arenas, Contardo, como a sus círculos cercano, como a ejecutivos chilenos de Tata, Domingo Frez, Andrés Tupper y Pablo Cisternas, quien a su vez están querellados por el Consejo de Defensa del Estado por la presunta comisión del delito de soborno, entre otras personas.

La lógica, se explicó, es que si alguien recibe pagos de dinero con características ilícitas, sería raro que lo guardara en su cuenta corriente personal

Y es que el Ministerio Público tiene un convenio de ayuda mutua con el FBI, que en todo caso ya fue usado en otro caso de la misma Fiscalía Centro Norte: la investigación en contra del ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo. En la oportunidad se envió a Estados Unidos un documento para determinar la fecha en que fue firmado, que aun no es remitido a los perseguidores con las conclusiones.

Cabe recordar que el escándalo del Registro Civil comenzó con una denuncia hecha por la empresa Quintec que participaba también en la licitación, aduciendo irregularidades en el proceso de otorgamiento del contrato con el servicio público. Conocidos estos datos, y sumados a una publicación del sitio Ciperchile, el comité político de La Moneda ordenó descabezar la plana mayor del organismo encargado de velar por las identidades de los chilenos.

En la audiencia de este miércoles, los abogados de Contardo, Julián López y Manuel Garrido, no lograron convencer a la magistrada Carolina Gajardo, que el Ministerio Público había violado constantemente las garantías procesales de su cliente.

En la oportunidad no alegó la investigadora titular del caso Alejandra Godoy, sino Ximena Chong. Según se indicó, la primera no pudo asistir porque estaba "saliente" de un turno de noche.

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Fiscalía acreditó que empresa ligada a Cornejo trianguló platas para su campaña y su esposa

Empresarios le jalaron la cadena al alcalde UDI en declaraciones secretas

La guinda de la torta para la perseguidora Ximena Chong, la puso el ex administrador municipal del edil, Jaime Jullian Pope. Este confirmó los testimonios anteriores de varios hombres de negocios, quienes reconocieron que los dineros se "pasaban" a través de la empresa Asesoría y Servicios Limitada. Esta ligazón es fundamental para el Ministerio Público, porque le es posible sostener que el jefe comunal siempre fue el dueño en las sombras de las firmas ASL y GMA y que ambas sirvieron de tapadera para financiar las campañas de la UDI.

Por Jorge Molina Sanhueza

En los últimos meses los fiscales Centro Norte Ximena Chong y José Manuel Ramírez, han desarrollado una silenciosa línea de investigación, que promete ser el golpe mortal para el alcalde de Recoleta, el UDI Gonzalo Cornejo, quien es indagado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, en el marco del caso GMA.
Los perseguidores han interrogado a una serie de empresarios de la comuna, cuyas declaraciones están bajo secreto, que confirman que las platas aportadas por distintos hombres de negocios -tanto para la campaña del propio Cornejo como para su esposa a la diputación en 2004, la actual parlamentaria UDI Claudia Nogueira- fueron trianguladas a través de la firma Asesorías y Servicios Limitada (ASL), ligada al edil.

A los fiscales, sin embargo, les faltaba la guinda de la torta para configurar una prueba indesmentible contra Cornejo. Y la evidencia no tardó en llegar. Esta vez, de la mano de su ex administrador municipal, Jaime Jullian Pope, quien a su vez era el representante legal, socio y dueño del 98% de ASL.

Jullian Pope ha colaborado "sustancialmente" con la investigación, confirmando a Chong que los dineros pasaban a través de su firma para los fines políticos ya señalados, manteniendo de esta forma la línea argumental de los anteriores testigos de cargo.

El ex administrador municipal de Recoleta hizo estas aseveraciones frente a la perseguidora en compañía de su abogado Juan Pablo Hermosilla hace aproximadamente dos semanas, respondiendo a las preguntas basadas en los dichos que otros empresarios plasmaron en la carpeta de investigación, cuestión que le otorga verosimilitud al testimonio.
Sospechosa cercanía

La cronología de Jullian Pope junto a Cornejo revela la cercanía entre ambos, cuestión que es vital para la fiscalía. Esta comenzó en 2001 en la municipalidad en el puesto ya mencionado y finalizo en septiembre de 2002, pero su firma ASL fue contratada en diciembre de 2003 para una asesoría en la sede edilicia, ad portas de la campaña.
ASL suscribió un contrato con Cornejo por $ 1 millón 200 mil más IVA mensual entre la fecha señalada y diciembre de 2004, según reza el decreto exento Nº 428. La firma consultora tuvo a cargo la mantención de un sistema de información geográfico en la comuna creando una base de datos para georreferenciar. Esto se hizo a través de un programa computacional hecho por Gestión Municipal Avanzada (GMA), que fue vendido y usado tanto en Recoleta como en Huechuraba.

La relación de Jullian Pope y Cornejo, donde tienen puesta su mirada los fiscales, se produce porque el mismo día en que se contrata a ASL, el edil hace lo propio con GMA, a través del Decreto Exento 430, con Bernard Bataszew, en representación de esta última. Ambos convenios se hicieron por trato directo, hecho que fue cuestionado por la Contraloría.

El tema es que el 12 de febrero de 2004, Bataszew le otorgó un poder amplísimo a Jullian Pope para que retirara todo tipo de documentos que fueran emitidos a GMA. El vínculo sigue porque en 2004 y 2005 Bataszew era el presidente del directorio de GMA, trabajando junto a Carlos del Pino Bunster como gerente general.

Jullian Pope era a su vez socio con Del Pino Bunster, en la firma Coala, dedicada al rubro alimentos y arriendo de vehículos y transporte. Este último, en mayo de 2004, le entregó los derechos de la firma nada menos a que a ASL. En marzo de 2005, en tanto, Del Pino renuncia a GMA. Lo reemplaza la entonces jefa de gabinete de Cornejo, Jenny Acevedo. Ese mismo mes, ASL le transfiere a GMA uno de sus contratos, el que será extendido hasta fines de 2006. Y más aún, todas las firmas registran domicilios en las mismas oficinas de GMA, en Santiago.

Esta ligazón de hechos, personas, empresas, es fundamental para los fiscales Chong y Ramírez, ya que junto a las declaraciones de los empresarios, le es posible sostener que Cornejo siempre fue el dueño en las sombras de GMA y que la empresa ASL sirvió de tapadera para financiar las campañas de la UDI.

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