Foto: Alejandro Olivares

Cuando en noviembre pasado el diario argentino Clarín publicó un reportaje sobre el presunto pago de coimas de parte de la aerolínea LAN al ex ministro de Transporte de ese país, Ricardo Jaime, a través de su mano derecha Manuel Vázquez, la duda obvia se planteó a este lado de la cordillera: si el ilícito, como lo denunciaba el tabloide, se produjo entre el 2006 y el 2007, el Presidente Sebastián Piñera aún era accionista mayoritario y miembro del directorio de la compañía.

Si el pago se hizo por decisión del directorio, Piñera podría haber estado al tanto.

Sin embargo, el caso había quedado en una nebulosa y el proceso contra el ex secretario argentino y su asesor siguió su curso en Buenos Aires y la filial de la empresa en Argentina mantenía su postura comunicacional: “no vamos a hacer ningún comentario sobre el asunto hasta que no llegue a instancia judicial”. Y llegó.

En enero de este año y siguiendo los pasos de la justicia argentina el Ministerio Público chileno abrió una investigación secreta en contra de LAN Chile, por la “consultoría” de 1,15 millones de dólares que la firma pagó a Manuel Vázquez, el polémico asesor del ex ministro trasandino, ambos bajo investigación por corrupción.

Según reveló una fuente a The Clinic Online, el caso en nuestro país quedó en manos del jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, el mismo que lleva el caso Kodama.

Viaje a Buenos Aires
El perseguidor penal viajó reservadamente en marzo a Buenos Aires y se reunió con el juez Norberto Oyarbide, quien lleva adelante el caso por enriquecimiento ilícito contra Jaime y Vázquez, con el fin de recabar información sobre cómo se ejecutaron los pagos entre 2006 y 2007, cuando Piñera comandaba la aerolínea y en el que la firma concluyó con éxito sus trámites de funcionamiento en ese país.

Tras la denuncia de Clarín, el diputado DC Jorge Burgos pidió al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, iniciar una investigación del caso, la que hasta ahora se había mantenido en total reserva.

Morales es un fiscal con experticia en crimen organizado, blanqueo de capitales y delitos económicos. En su currículum despuntan la primera condena por lavado de activos de la reforma, cuando logró condenar al llamado Clan Gálmez en la Cuarta Región, organización cuyas redes pasaban por Europa y el Medio Oriente para el blanqueo de capitales y el tráfico de cocaína.

Si Morales logra encontrar alguna pista que involucre al Mandatario tras la decisión de pagar por la “consultoría” al ex ministro argentino, deberá inhabilitarse de seguir conociendo el caso debido a que según el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional que rige al Ministerio Público, establece que por la investidura de un Presidente, será el fiscal nacional quien asuma la investigación.

En este caso sería Chahuán quien debería investigar si el pago se hizo con la autorización del directorio de la firma, al que perteneció el mandatario hasta el 1 de agosto del 2007, cuando renunció tras recibir una millonaria multa por la compra de acciones con información privilegiada.

De esta manera el caso se instala como el primero desde el inicio de la reforma procesal que tiene al Presidente, en su calidad de empresario, como un posible sospechoso en una investigación criminal.

The Clinic Online requirió un pronunciamiento de parte de la Fiscalía Nacional, pero se indicó que no habría comentarios.

Siga el dinero
Tras un allanamiento en Buenos Aires, el juez Oyarbide tiene en su poder varias facturas y una cadena de correos electrónicos que revelarían la existencia de pagos ilegales.

Uno de ellos fue enviado por Ernesto Ramírez, funcionario de LAN Cargo en Miami, a Vázquez y refiere a un documento mercantil fechado el 18 de octubre de 2006 por 300 mil dólares emitido a la empresa de este último -Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA)- y cancelado nada menos que por LAN Airlines S.A. con domicilio legal en Santiago.

Este último hecho le permite al fiscal Morales adentrarse en la posible comisión de un ilícito, contemplado en el artículo 251 bis del Código Penal chileno, que sanciona el cohecho de un chileno o “una persona que tenga residencia habitual en Chile” a funcionarios públicos extranjeros.

Esta figura penal se enmarca dentro de una modificación legal de 2009 que apunta a la lucha global contra la corrupción suscrita por Chile, dentro de los estándares de la OCDE.

Es importante señalar que Ernesto Ramirez, como informó el diario argentino La Nación, en noviembre de 2010, llevó las negociaciones para que LAN llegara a operar en Argentina en 2005. Según el diario fue quien acompañó a Piñera a presentar el proyecto de la compañía al fallecido presidente Néstor Kirchner.

Triangulación
El tema no termina acá. Existe otra serie de documentos que enredan aún más la situación legal del ex ministro, su asesor y la aerolínea del encanto de volar. Uno de estos constata el pago de 300 mil dólares a Vásquez con fecha del 21 de noviembre de 2006 por la firma Atlantic Aviation Investment LLC (AVI) domiciliada en Centerville Road suite 400, Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Casualmente, el representante legal de esta firma es Ramírez, el mismo de LAN Cargo.

El último desembolso también salió de las arcas de AVI el 16 de enero de 2007 por 550 mil dólares. El dinero fue ingresado en la cuenta que Vázquez y su esposa, Marta Domínguez, mantenían en el Wachovia Bank de Virginia, Estados Unidos. En otras palabras, una triangulación de platas, figura común en el blanqueo de capitales ilícitos.

Los pagos se produjeron coincidentemente cuando LAN obtuvo la autorización para operar en el país vecino al alero de un proceso definido por la prensa gaucha como un “sinuoso camino de complicidades con el Gobierno e irregularidades”.