Jorge Molina Sanhueza Al menos seis generales del alto mando del Ejército en 1991 vieron y escucharon cuando Augusto Pinochet dio la orden al jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hernán Ramírez Rurange -hoy en retiro-, de sacar de Chile con destino a Uruguay al químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo. Así establece la declaración que prestó Ramírez Rurange hace tres semanas -de fojas 7.448- en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago ante el ministro en visita Alejandro Madrid y que mantiene en custodia en su caja fuerte.
De izquierda a derecha, los generales (R) Jorge Lucar Figueroa, Rodrigo Sánchez Casilla y Fernando Torres Silva
El ex jefe de la DINE general (R) Hernán Ramírez Rurange asegura que Pinochet le dijo: “Y usted, general Ramírez, usted debe sacar de Chile, llevarlo y protegerlo en Uruguay... a un ex agente de la DINA, se llama Eugenio Berríos".
Fernando Torres Silva
De acuerdo con los antecedentes recabados por La Nación, Ramírez Rurange confesó que en el encuentro estaban presentes los generales Jorge Lucar Figueroa, a la sazón vicecomandante en jefe del Ejército; Rodrigo Sánchez Casillas, jefe del Estado Mayor del Ejército, y el auditor general del Ejército, general (J) Fernando Torres Silva. La identidad de los otros tres generales no ha sido confirmada por este diario.
 Jorge Lucar Figueroa |
“Mi general sabía...”
Ramírez Rurange procedió a enviar a Berríos al Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), dirigido por el coronel Manuel Provis Carrasco. El químico de la DINA fue llevado por dos agentes de la Unidad Especial de la DINE, Pablo Rodríguez Márquez y Raúl Lillo Gutiérrez, a Punta Arenas y de ahí salió a Argentina por el paso de Monte Aymond. Era octubre de 1991. Luego fue llevado a Uruguay, donde se mantuvo en la clandestinidad. Se le vio con vida por última vez el 15 de noviembre de 1992.
Según los dichos de Ramírez Rurange: “Mi general Pinochet sabía perfectamente quién era Eugenio Berríos”.
 Rodrigo Sánchez Casillas |
El caso de Torres Silva es paradigmático. Durante su mandato en la Auditoría General del Ejército obstruyó la acción de la justicia en los distintos procesos por violaciones de los derechos humanos.
La declaración del ex jefe de la DINE, además, deja en mal pie a quien fue su reemplazante en el espionaje criollo, el general (R) Eugenio Covarrubias, quien asumió el mando en diciembre de 1992. Durante su mando Berríos fue asesinado.
Ramírez Rurange está sometido a proceso por el ministro Madrid en calidad de autor de los delitos de asociación ilícita y secuestro.
Es así y no es así
La confirmación de que hubo seis altos oficiales también vino ayer de parte del abogado Álvaro Varela, patrocinante de la familia Frei en la causa. “Está claramente probado y de primera mano, que la orden de la operación Berríos la dio Pinochet. Y ocurre que esa orden la dio además en presencia de varios generales y en un recinto militar”.
Mauricio Unda, representante de Ramírez Rurange, en tanto, dijo que no se referiría en profundidad a la declaración hecha por su cliente, pero explicó que éste “dio la orden reglamentaria de sacar y proteger al señor Berríos fuera del país y así se hizo, pero debe entenderse que proteger es hasta el momento en que la otra persona se reinserta laboralmente en el lugar y eso es todo”.
Pablo Rodríguez, defensor de Pinochet, aseguró ayer que su cliente “no ha tenido intervención de ninguna naturaleza ni conocimiento remoto de estos hechos”
A su entender, la petición de desafuero elevada el miércoles a la Corte de Apelaciones por el ministro Madrid se basa únicamente en que Pinochet en esa época era comandante en jefe del Ejército.
Sin embargo, las palabras de Rodríguez se contraponen con las declaraciones del propio magistrado, quien el miércoles aseveró que la solicitud no se debe a la responsabilidad de mando de Pinochet, sino a una “prueba directa”. LN
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