PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

Exclusivo: Fiscalía abre investigación secreta contra LAN por coimas en Argentina

2011-05-23T08:12:00.001-06:00

Jorge Molina Sanhueza 23 Mayo, 2011 Tags: Argentina, Buenos Aires, CorrupciónEditar

La indagatoria quedó en manos del fiscal José Morales, quien viajó a Buenos Aires para entrevistarse con el juez argentino Norberto Oyarbide. El magistrado tramita un proceso por corrupción en contra del ex ministro de Transporte de ese país Ricardo Jaime y su asesor Manuel Vázquez, a quien la aerolínea pagó 1,15 millones de dólares por una “consultoría”. De ese monto, 300 mil dólares salieron de las oficinas de Santiago. Si el perseguidor encuentra alguna pista que involucre al Mandatario, será el Fiscal Nacional Sabas Chahuán quien deberá tomar el caso.

Foto: Alejandro Olivares

Cuando en noviembre pasado el diario argentino Clarín publicó un reportaje sobre el presunto pago de coimas de parte de la aerolínea LAN al ex ministro de Transporte de ese país, Ricardo Jaime, a través de su mano derecha Manuel Vázquez, la duda obvia se planteó a este lado de la cordillera: si el ilícito, como lo denunciaba el tabloide, se produjo entre el 2006 y el 2007, el Presidente Sebastián Piñera aún era accionista mayoritario y miembro del directorio de la compañía.

Si el pago se hizo por decisión del directorio, Piñera podría haber estado al tanto.

Sin embargo, el caso había quedado en una nebulosa y el proceso contra el ex secretario argentino y su asesor siguió su curso en Buenos Aires y la filial de la empresa en Argentina mantenía su postura comunicacional: “no vamos a hacer ningún comentario sobre el asunto hasta que no llegue a instancia judicial”. Y llegó.

En enero de este año y siguiendo los pasos de la justicia argentina el Ministerio Público chileno abrió una investigación secreta en contra de LAN Chile, por la “consultoría” de 1,15 millones de dólares que la firma pagó a Manuel Vázquez, el polémico asesor del ex ministro trasandino, ambos bajo investigación por corrupción.

Según reveló una fuente a The Clinic Online, el caso en nuestro país quedó en manos del jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, el mismo que lleva el caso Kodama.

Viaje a Buenos Aires
El perseguidor penal viajó reservadamente en marzo a Buenos Aires y se reunió con el juez Norberto Oyarbide, quien lleva adelante el caso por enriquecimiento ilícito contra Jaime y Vázquez, con el fin de recabar información sobre cómo se ejecutaron los pagos entre 2006 y 2007, cuando Piñera comandaba la aerolínea y en el que la firma concluyó con éxito sus trámites de funcionamiento en ese país.

Tras la denuncia de Clarín, el diputado DC Jorge Burgos pidió al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, iniciar una investigación del caso, la que hasta ahora se había mantenido en total reserva.

Morales es un fiscal con experticia en crimen organizado, blanqueo de capitales y delitos económicos. En su currículum despuntan la primera condena por lavado de activos de la reforma, cuando logró condenar al llamado Clan Gálmez en la Cuarta Región, organización cuyas redes pasaban por Europa y el Medio Oriente para el blanqueo de capitales y el tráfico de cocaína.

Si Morales logra encontrar alguna pista que involucre al Mandatario tras la decisión de pagar por la “consultoría” al ex ministro argentino, deberá inhabilitarse de seguir conociendo el caso debido a que según el artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional que rige al Ministerio Público, establece que por la investidura de un Presidente, será el fiscal nacional quien asuma la investigación.

En este caso sería Chahuán quien debería investigar si el pago se hizo con la autorización del directorio de la firma, al que perteneció el mandatario hasta el 1 de agosto del 2007, cuando renunció tras recibir una millonaria multa por la compra de acciones con información privilegiada.

De esta manera el caso se instala como el primero desde el inicio de la reforma procesal que tiene al Presidente, en su calidad de empresario, como un posible sospechoso en una investigación criminal.

The Clinic Online requirió un pronunciamiento de parte de la Fiscalía Nacional, pero se indicó que no habría comentarios.

Siga el dinero
Tras un allanamiento en Buenos Aires, el juez Oyarbide tiene en su poder varias facturas y una cadena de correos electrónicos que revelarían la existencia de pagos ilegales.

Uno de ellos fue enviado por Ernesto Ramírez, funcionario de LAN Cargo en Miami, a Vázquez y refiere a un documento mercantil fechado el 18 de octubre de 2006 por 300 mil dólares emitido a la empresa de este último -Controles y Auditorías Especiales de Argentina S.A. (CAESA)- y cancelado nada menos que por LAN Airlines S.A. con domicilio legal en Santiago.

Este último hecho le permite al fiscal Morales adentrarse en la posible comisión de un ilícito, contemplado en el artículo 251 bis del Código Penal chileno, que sanciona el cohecho de un chileno o “una persona que tenga residencia habitual en Chile” a funcionarios públicos extranjeros.

Esta figura penal se enmarca dentro de una modificación legal de 2009 que apunta a la lucha global contra la corrupción suscrita por Chile, dentro de los estándares de la OCDE.

Es importante señalar que Ernesto Ramirez, como informó el diario argentino La Nación, en noviembre de 2010, llevó las negociaciones para que LAN llegara a operar en Argentina en 2005. Según el diario fue quien acompañó a Piñera a presentar el proyecto de la compañía al fallecido presidente Néstor Kirchner.

Triangulación
El tema no termina acá. Existe otra serie de documentos que enredan aún más la situación legal del ex ministro, su asesor y la aerolínea del encanto de volar. Uno de estos constata el pago de 300 mil dólares a Vásquez con fecha del 21 de noviembre de 2006 por la firma Atlantic Aviation Investment LLC (AVI) domiciliada en Centerville Road suite 400, Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Casualmente, el representante legal de esta firma es Ramírez, el mismo de LAN Cargo.

El último desembolso también salió de las arcas de AVI el 16 de enero de 2007 por 550 mil dólares. El dinero fue ingresado en la cuenta que Vázquez y su esposa, Marta Domínguez, mantenían en el Wachovia Bank de Virginia, Estados Unidos. En otras palabras, una triangulación de platas, figura común en el blanqueo de capitales ilícitos.

Los pagos se produjeron coincidentemente cuando LAN obtuvo la autorización para operar en el país vecino al alero de un proceso definido por la prensa gaucha como un “sinuoso camino de complicidades con el Gobierno e irregularidades”.

2010-07-20T20:07:00.001-06:00

Buenas noches internautas... maÃ±ana serÃ¡ otro dÃa....

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ahora si parece que configurÃ© twitter

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probando ping fm

Qué hacer con...

2010-04-09T07:57:00.002-06:00

¿De dónde viene tu vuelo lleno de manos y pelos que se juntan en un monstruo que nunca logras ver y que está en medio de tus ojos, gruñendo, plácido de metáforas, violento de estructuras, infernal de miradas y demoníaco de emociones?

¿Cómo piensas pasar al más allá sin cédula, sin el rótulo que circunscribe cada uno de tus azares?

No sé dónde está el botón, la puerta secreta ni el pasadizo. En tu vuelo sobre las estrellas y ese mañana posible está la más pura salvación y la mirada de los hombres sobre Dios. No es ése clavado en la cruz, sino el que llevamos dentro que encarna y engendra todos nuestros temores.

Sigue adelante, como las siete plagas. Acecha a la tierra que has construido y esos arbustos venenosos que pueblan tus dedos crispados por el miedo.

Eres, al fin y al cabo, tu más tremenda y nostálgica mansión.

La sobrina desconocida del Presidente Piñera

2010-04-05T05:29:00.001-06:00

5 DE ABRIL DE 2010

Tribunal de Familia tramita demanda de paternidad contra “El Negro”

María Victoria Rojas tiene 25 años y estudia periodismo. En septiembre de 2009 decidió confirmar lo que su madre le confesó: en 1983 tuvo un romance con Miguel Piñera y quedó embarazada de él. Ese hecho obligó al “Negro” a realizarse pruebas de ADN. Cuando se conozcan los resultados la joven pasará a ser una de las herederas legales del menor de los Piñera Echeñique. Padre e hija ya hablaron por teléfono y se reunieron para conocerse.

Las familias de los presidentes y figuras públicas: un tema de siempre
En julio de 2006 la prestigiosa revista Semana, de Colombia, publicó un reportaje donde recopilaba los casos de hijos secretos de mandatarios y figuras públicas. Desde François Mitterrand a Fidel Castro, pasando por Alberto de Mónaco, hasta el cantante Steven Tyler. El caso de la joven María Victoria Rojas y su supuesto padre, Miguel Piñera, entra en ese listado. Alejado de las páginas de farándula, también es reflejo de una realidad cotidiana en Chile: sólo en 2008 más de cinco mil personas quisieron saber su filiación.
François Mitterrand: El Presidente francés vivía con Anne Pingeot y la hija de ambos, Mazarine Pingeot. “Sólo iba al Elíseo, donde residía su familia oficial -recuerda Semana-, a ejercer como mandatario”.
Steven Tyler: El vocalista de la banda Aerosmith supo de la existencia de su hija mayor, la actriz Liv Tyler, cuando ésta tenía 12 años. Desde entonces, padre e hija entraron en contacto y él ayudó a impulsar la carrera de Liv al incluirla en dos de los videos de su banda.
Alberto de Mónaco: Reconoció que tenía dos hijos fruto de dos relaciones pasajeras. El príncipe justificó el secreto en su interés de proteger a los niños de la exposición mediática.
Fidel Castro: A los 10 años Alina Fernández se enteró por boca de su madre que el jefe de Estado cubano era su padre.
Alejandro Toledo: Zaraí Toledo estuvo 15 años tratando de que el mandatario peruano reconociera su paternidad. Una vez electo, no hubo necesidad de prueba de ADN porque el “Cholo” reconoció a su hija.

El día de la segunda vuelta electoral, Sebastián Piñera Echeñique lo pasó rodeado de su familia. Durante toda la jornada compartió con sus hijos, yernos y nietos. También con sus hermanos: la “Pichita”, el “Polo” y el “Negro” estuvieron junto a sus respectivos cónyuges e hijos apoyando al empresario.

Ese 17 de enero, minutos antes de las 18:00 horas, los Piñera confirmaron sus mejores augurios: el clan contaba con un Presidente entre sus filas.

Cuatro días antes -el miércoles 13- María Victoria Rojas Sahurie realizaba un trámite en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, que nada tenía que ver con el ballotage, pero sí con la familia del nuevo mandatario. A las 11:00 horas estaba citada para practicarse un examen de ADN que busca confirmar lo que su madre, Paola Alessandra Sahurie, le confesó el año pasado.

Según Paola, el padre biológico de María Victoria es José Miguel Piñera Echeñique, “El Negro”. El mismo que acaba de firmar contrato en Argentina para participar en “Bailando por un Sueño”, uno de los programas con mayor audiencia en el país vecino, dirigido por el popular Marcelo Tinelli. La decisión de pasar una temporada en Buenos Aires, según explicó Miguel Piñera, le permitiría dejar a Sebastián trabajar tranquilo al mando de la nación.

EL REY DE LA NOCHE

Corría 1983 y José Miguel Piñera, “el Negro” ya era destacado como el rey de la noche No había discoteca ni bar o restaurante donde no fuera conocido. Su canción “Luna Llena” sonaba en las radios y él aparecía en programas como “Permitido” de TVN, con Antonio Vodanovic.

Entonces, con 29 años, el menor del clan Piñera, conoció a Paola Sahurie, con la que mantuvo un romance que duró cerca de un año. Fruto de esa relación, la mujer quedó embarazada y nueve meses más tarde dio a luz en la Clínica Viña del Mar. La hora y fecha quedaron registradas en la ficha de la recién nacida: las 21:15 del 22 de julio de 1984. El “Negro” no participó del parto.

Un mes después, el 16 de agosto, la joven madre inscribió a su hija en el Registro Civil de la ciudad jardín, como María Victoria Piñera Sahurie. Junto a la partida de nacimiento, en el “comprobante de parto”, emitido por el centro asistencial privado, se lee: “datos del padre: no compareciente”.

Transcurridos cinco años, Miguel Piñera todavía no asumía ninguno de sus deberes de padre. La madre decidió entonces reconstruir su vida. El 11 de abril de 1990 contrajo matrimonio en Viña del Mar con Marcelo Rojas Constanzo, actual dueño de la empresa Vista Films, dedicada a la publicidad y creación de programas televisivos.

Nueve días después del casamiento, la flamante pareja concurrió hasta la Primera Notaría de Viña del Mar. Allí, la titular Irma Naranjo Quaglia procedió a legalizar la escritura pública con que Rojas Constanzo le dio el apellido a esa niña que estaba pronta a cumplir 6 años, legitimándola como su hija. Desde ese momento, María Victoria Piñera Sahurie pasó a llamarse María Victoria Rojas Sahurie. El padre biológico desapareció de la escena, pero no por mucho tiempo.

SECRETO DE FAMILIA

El 20 de abril próximo, se cumplen 20 años de este trámite, pero el contexto es distinto. El año pasado Paola Sahurie decidió revelarle a su hija aquel secreto de familia guardado durante 25 años. Para la joven, de seguro fue una sorpresa de proporciones, porque hasta ese minuto María Victoria identificaba a Marcelo Rojas Constanzo como su padre, mientras que Miguel Piñera no era más que un personaje de la farándula local.

“En efecto mi madre me ha asegurado que mi verdadero padre es don José Miguel Piñera Echeñique, hecho que no me merece ninguna duda”.

Sin embargo, la estudiante de periodismo decidió tomar cartas legales en el asunto. Para ello contrató los servicios de la abogada Jacqueline Paola Plaza y en septiembre de 2009 presentó ante el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago una demanda de paternidad, con el fin de acreditar que Miguel Piñera es su padre biológico.

La acción legal llegó a manos de la jueza Monserrat Retamal, quien acogió el escrito, lo proveyó y ordenó notificar al “Negro”. En medio de la disputa presidencial entre su hermano Sebastián Piñera y Eduardo Frei, el proceso se mantuvo en absoluto secreto.

El libelo redactado por la abogada Plaza incluye no sólo al “Negro” Piñera, sino también a la madre y el padre legal de la joven.

Básicamente, la diligencia busca investigar la filiación de María Victoria y para ello, todos los involucrados deben participar del juicio. Lo anterior porque de comprobarse los hechos presentados a la justicia, habrán cambios documentales en el Registro Civil, como también en materia patrimonial, debido a que la joven pasará a ser una de las herederas legales de su padre biológico (la otra es su esposa Belén) y parte del clan Piñera.

Con el paso de los días, Paola Sahurie y Marcelo Rojas Constanzo designaron a la abogada Claudia Moya para que los represente, mientras que Miguel Piñera contrató los servicios del abogado Gonzalo Cisternas, del estudio de Juan Domingo Acosta y Alberto Espina, el senador RN. Se trata del mismo bufete que lo representó el año pasado, cuando chocó el auto de la ingeniero industrial María Fernanda Koningen las cercanías del Movistar Arena. En la oportunidad, si bien llamó a seguridad ciudadana, no esperó la presencia de Carabineros y partió a realizarse la alcoholemia a la Clínica Las Condes. En ese minuto Sebastián Piñera era accionista del centro hospitalario y Jaime Mañalic -actual ministro de Salud- ostentaba el cargo de director médico.

Cercanos Miguel Piñera aseguran que cuando supo de la demanda de paternidad, se mostró sorprendido. Años atrás, reconocen, la madre de la joven le reveló que tenía una hija fruto del romance de principios de los 80, pero el “Negro”, dice la misma fuente, no le creyó, “porque pensó que no era algo serio, ya que la mujer no volvió a insistir”.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Conforme avanzó el juicio, la magistrada Retamal accedió a las diligencias de la demandante y decretó que se realizara la prueba de ADN a todos los involucrados en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. La primera prueba fue fijada para el 29 de diciembre, pero se postergó para el 13 de enero, donde tampoco se pudo hacer ya que el oficio al centro asistencial llegó con un error de fecha. Finalmente el 20 de enero, es decir, después de la segunda vuelta presidencial, se realizó la toma de muestras de María Victoria, su madre y su padre legal y el propio Miguel Piñera.

El 30 de abril Miguel Piñera firmó contrato con la productora de Marcelo Tinelli para sumarse a la versión argentina de "Bailando por un sueño". Foto: Ideas del Sur

A contar de ese momento la suerte estaba echada. Sin embargo, el laboratorio de la casa de estudios, por un hecho que no ha querido explicar a la jueza, no entregó los resultados y a través de un oficio pidió realizar un segundo examen.

Fuentes de la UC aseguraron que la medida se tomó para evitar errores, pero en los pasillos del centro asistencial se comenta que el retraso se debió a que se quería evitar que los resultados fueran conocidos antes de que Sebastián Piñera asumiera la Primera Magistratura.

Como haya sido, la petición del Hospital de efectuar un segundo examen antes de conocer los resultados del primero, fue calificada como una “irregularidad” por la abogada Claudia Moya, quien patrocina a Marcelo Rojas Constanzo y a la madre de la demandante. La profesional, a través de un escrito presentado el 15 de marzo, solicitó a la jueza Retamal que el Hospital Clínico informe “los motivos y/o circunstancias para solicitar una segunda muestra, respecto del padre legal y presunto, por cuanto no se trata de un procedimiento normal y cualquier irregularidad atenta gravemente contra los intereses de mi representado y la demandante principal”. La abogada Moya, además, dejó abierta la posibilidad de solicitar un peritaje externo.

Hasta el jueves 1 de abril, en el tribunal aún no se ordenaba una nueva toma de muestras. Trascendió que no debiera pasar más allá del 15 de abril para que ello ocurra.

EL ENCUENTRO

Cercanos a Miguel Piñera aseguran que “todo indica que es su hija” y que, al enterarse del caso judicial, el hermano del Presidente se habría mostrado llano a asumir la paternidad, como si no tuviera duda de que los hechos revelados en la demanda son verídicos.

El “Negro” ya se comunicó telefónicamente con María Victoria. De esa conversación surgió la idea de conocerse en persona, hecho que ya ocurrió.

Fuentes que conocen del caso confidenciaron a este diario que el “Negro” ya se comunicó telefónicamente con María Victoria, como un primer acercamiento. De esa conversación surgió la idea de conocerse en persona, hecho que ya ocurrió.

En la demanda que presentó la joven no aparece cuál fue la motivación para querer conocer a su padre biológico, pero varios abogados de familia consultados, indicaron que en general, las personas que reciben una noticia de este tipo buscan saber la verdad.

En el libelo, María Victoria es clara: “En efecto mi madre me ha asegurado que mi verdadero padre es don José Miguel Piñera Echeñique, hecho que no me merece ninguna duda”.

A pesar de que este medio contactó a los protagonistas de esta historia y a sus abogados, ninguno quiso emitir comentarios.

Los vínculos neonazis que destapó la investigación por ataques antisemitas contra Lily Pérez

2010-03-30T10:11:00.001-05:00

Declaración ante fiscal menciona a Marcelo Forni

Los vínculos neonazis que destapó la investigación por ataques antisemitas contra Lily Pérez

En la investigación del fiscal de Villa Alemana Alejandro Ivelic -que publica El Mostrador- aparece la declaración de Franco Curotto, miembro del comando de la diputada Andrea Molina, quien se reunió en al menos cuatro oportunidades y mantuvo contactos telefónicos con Elliot Quijada, un reconocido “skinhead” de la región. Quijada está detenido por mantener pornografía infantil en su PC, incitación al odio racial y tenencia de armas. Pero hay más: el dueño de una imprenta aseguró que el ahora acusado, le indicó que el dinero para imprimir afiches antijudíos contra la senadora RN, salió del comando de Marcelo Forni. Este último lo negó.

Hoy comienzan en el Tribunal Oral de Villa Alemana los alegatos de apertura del juicio en contra del ex infante de marina y neonazi Eliott Quijada (38), por las amenazas de contenido antisemita en contra de la senadora Lily Pérez ocurridas el 29 de septiembre de 2009, durante la última campaña electoral por la Quinta Cordillera. Quijada, además, está acusado por mantener en su PC pornografía infantil y tenencia de armas.

urante la investigación el fiscal de Villa Alemana, Alejandro Ivelic, encontró algunos vínculos de este neonazi con los comandos de la actual diputada Andrea Molina, como también con el grupo de campaña del ex candidato a senador y competidor de Lily Pérez, el UDI Marcelo Forni, quien quedó fuera del parlamento porque perdió la elección.

Elliot Quijada es un histórico neonazi en la región. Se le ha imputado participación en otros delitos similares y la creación de un grupo llamado Martillo del Sur, según da cuenta un informe reservado de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional (ver “Informe de la Fiscalía Nacional” en documento relacionados).

Las averiguaciones del Ministerio Público aparecieron luego que se interrogara a Franco Curotto, miembro de la campaña de Molina. Este último, por una razón poco creíble para el fiscal Ivelic, recibió el llamado de un sujeto -cuyo nombre no pudo recordar- que le entregó el número de celular de Quijada.

“Me entregó el dato de un amigo suyo que podía aportar mucho a la UDI y que quería trabajar para la UDI, así que me entregó el nombre de Elliot y un fono celular”, declaró Curotto ante Ivelic el 3 de diciembre pasado (ver “Declaración de Franco Curotto” en documentos relacionados).

Quijada es un histórico neonazi al que se le ha imputado participación en otros delitos y la creación del grupo Martillo del Sur.

Curotto contactó a Quijada y se reunieron en las afueras de la Quinta Vergara, en Viña del Mar. “Ahí me planteó que quería hacerle una contracampaña a Lily Pérez, ya que ella había atacado mucho a la comunidad palestina y él sabía que en Los Andes, Quillota, San Felipe y La Calera, había muchas personas de esa comunidad”.

El neonazi le pidió apoyo financiero, pero Curotto le indicó que la campaña de Lily Pérez en nada afectaba los intereses políticos de Andrea Molina, recodándole, declaró, que nada tenía que ver con Marcelo Forni.

En su testimonio, además, Curotto aseguró que prefirió no contarle nada a Oscar Díaz, jefe de campaña de Molina ni a la ahora parlamentaria.

REUNIÓN EN LA FUENTE DE SODA

El 27 de septiembre, dos días antes del ataque antisemita, contra Lily Pérez -que incluyó panfletos, gritos y funas en La Calera y Quillota- y de que Sebastián Piñera llegara a la zona para apoyar a sus candidatos, Curotto nuevamente se reunió con Quijada.

“(Quijada) Me llamó diciéndome que tenía una idea interesante para la visita de Sebastián Piñera al distrito. Yo me encontraba en Villa Alemana con el jefe de campaña de (Arturo) Squella (UDI), así que me junté con Elliot Quijada en una fuente de soda que queda ubicada frente a la estación Limache, donde me vuelve a decir que ya tienen todas las impresiones de propaganda en contra de Lily Pérez y que lo que necesitaba era dinero para movilizar a su gente y para teléfonos. Le volví a repetir lo mismo, pensé que era una propuesta diferente, le dije que trabajaba para Andrea Molina, no para Marcelo Forni de la UDI… luego nos paramos y nos fuimos”, testimonió.

Sin embargo, pese a que Curotto dijo que “todo había quedado ahí” con la primera reunión, se juntó nuevamente con Quijada, “ya que pensé que tenía una propuesta novedosa, pero no fue así”, declaró.

Muestra de los volantes antisemitas contra la senadora RN Lily Pérez

Pero hubo una tercera oportunidad donde se produjo un nuevo contacto. Esta vez un sujeto a quien Curotto nuevamente no puede identificar, le envió un mensaje de texto para que llamara a Elliot Quijada.

Esta no es la primera investigación que el Ministerio Público realiza sobre ataques entre candidatos de la derecha durante la campaña. Una indagatoria similar lleva el fiscal Carlos Gajardo de la zona oriente, luego que miembros del comando del ex presidente de la Cámara de Diputados y actual subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez –algunos de ellos confesos- atacaran la sede de Marcela Sabat (RN) en diciembre pasado. De hecho Sabat ya presentó una querella.

TELÉFONO DELATOR

El interrogatorio del fiscal Ivelic a Curotto, da cuenta de una de las diligencias que reveló estos vínculos. El perseguidor ofició a la compañía telefónica para determinar a quien había llamado antes, durante y después del ataque a Lily Pérez. Y apareció una sorpresa. El mismo día del ataque a Lily Pérez, Curotto reconoce que estaba en el lugar a cargo de la campaña de Molina. Hasta ahí nada irregular.

Sin embargo, el fiscal Ivelic estableció que Curotto efectuó tres llamadas a Quijada. La primera a las 15.13 y la última a las 23.13. Las explicaciones fueron las mismas, no logró recordar que conversó con el ahora acusado por el Ministerio Público; y que el mismo “amigo” al que no puede identificar, lo llamó para que contactara a Quijada.

El día 30 de septiembre, en tanto, Curotto nuevamente contactó a Quijada, esta vez para decirle que había visto en Internet, en una de las páginas que los neonazis mantienen para este tipo de actividades, lo que habían hecho con Lily Pérez.

El fiscal poco le creyó a Curotto. Por esta razón ordenó a Investigaciones que ubicara la imprenta donde Quijada había impreso los panfletos en contra de la senadora RN. Una nueva sorpresa vendría, porque el pasado 7 de enero Michel Cambon Blanchard, dueño de la imprenta La Tache, confirmó que Quijada llegó hasta su negocio.

“Para los comienzos de las campañas electorales, no recuerdo fecha, Eliott se presentó en mi imprenta, informándome su deseo de imprimir diversos afiches alusivos a la contracampaña de la candidata Lily Pérez. Recuerdo que Eliott tenía el diseño y yo sólo realicé la matriz para poder realizar la campaña de impresión”, dijo a los detectives.

Forni aseguró que Curotto le relató que Quijada lo había llamado para ofrecerle servicios de campaña. Pero, lo más importante, dijo, “es que el vínculo entre Curotto y los skinheads no se probó y ya está todo claro”.

Por curiosidad, Cambon le preguntó a Quijada de dónde sacaba el dinero para financiar la impresión. Su respuesta fue clara. “Debo señalar que en una oportunidad al conversar con Elliot sobre el financiamiento de las impresiones, él me señaló que la plata provenía del comando del candidato Forni.Yo no le tomé mucha importancia ya que no incurría en nada irregular al imprimir afiches, aún cuando contenían propaganda contra la candidata Lily Pérez”. (Ver documento relacionado “Dueño de imprenta La Tache”).

Si bien es cierto el fiscal Ivelic cerró la investigación y, previa querella por parte de Lily Pérez a través de su abogado Ciro Colombara, y sólo acusó a Quijada, no se descarta que estos antecedentes le permitan al perseguidor abrir una nueva arista. Porque hasta, al menos, no se sabe quién le entregó el dinero a Quijada para la “operación”, sobre todo por su alicaída situación económica.

LA DEFENSA DE FORNI

Este diario consultó al ex candidato Marcelo Forni, quien hoy se desempeña en CorpArtes, fundación ligada al dueño de Copesa Álvaro Saieh. Forni aseguró que nadie de su comando, como tampoco él, tuvieron algún vínculo con los neonazis mencionados.

“El fiscal cerró la investigación y los querellantes por Lily Pérez nunca me imputaron nada. Ni siquiera estoy querellado. De hecho declaré en calidad de testigo con el fiscal Ivelic y nada más, señalándole que ojalá todo se aclarara a la brevedad y ofreciéndole todo lo que necesitara para su investigación”, dijo.

Consultado por las reuniones de Curotto con Quijada, como también las llamadas entre ambos el mismo día del ataque, Forni indicó que “habría que preguntarle a él”.

“Curotto es una persona que venía saliendo de una enfermedad y decidimos contratarlo. El tiene buen prestigio y cuando le pregunté por lo ocurrido me indicó que nunca ha estado vinculado a grupos raros, al menos es la información que yo manejo”, manifestó.

De hecho, Forni aseguró, que Curotto le relató que Quijada lo había llamado en varias oportunidades para ofrecerle servicios de campaña, tal como estableció la investigación del fiscal. “El me explicó que había comenzado a tener miedo con este tipo que lo llamaba mucho y nunca se atrevió a cortarlo”, explicó.

Para Forni, lo más importante, dijo, “es que el vínculo entre Curotto y los skinheads no se probó y ya está todo claro”.

En todo caso, el ex candidato a Senador ha enfrentado también otros problemas. El semanario Impacto de la Calera (ver portada en documentos relacionados) publicó el jueves pasado un artículo a página completa donde le imputó la autoría intelectual del ataque a Lily Pérez de septiembre de 2009.

Forni aseveró que presentará una querella criminal en contra del medio aludido por injurias graves con publicidad. Su abogado patrocinante sería Luis Hermosilla.

Inquirido si el hecho de que fuera relacionado con la investigación de la fiscalía fue la causante de que no integrara el gabinete de Sebastián Piñera, Forni lo desestimó.

“Yo rechacé los cargos que me ofrecieron y eso lo sabe el Presidente Piñera. De hecho le envié un mail manifestándole cuál era mi decisión personal. El me lo respondió indicándome que comprendía mi postura”, relató.

En enero, en tanto, The Clinic reveló un conato entre Forni y el esposo de Lily Pérez, el empresario Miguel Bauzá ocurrido en el hotel Crown Plaza, cuando la Coalición por el Cambio celebraba el triunfo de Piñera.

Forni aseguró que el hecho no es real pero no se querellará contra el medio. Elliot Quijada en tanto, aseveró, en la misma edición de The Clinic, que nunca ha tenido vínculos con la UDI.

Gobernador del Bío Bío designado por Piñera ayudó a lavar dinero de la Colonia Dignidad

2010-03-19T20:30:00.002-05:00

Viernes, 19 de Marzo de 2010
Santiago 23º Cambiar ciudad
Actualizado a las 21:00

19 DE MARZO DE 2010

José Miguel Steigmeier parte del círculo de hierro de Paul Schafer

Este vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura creó la sociedad “Tierra Negra” que compró un terreno por más de US$ 1 millón al interior de Los Ángeles con fondos triangulados a través de un paraíso fiscal del Caribe y que estaban en un fideicomiso en Canadá. Mientras el jerarca de la ex Villa Baviera se hallaba escondido en Argentina, viajó junto a sus dos socios, el abogado Enrique Veloso y Edgardo Neumann. Además escondió en el predio Santa Matilde de su propiedad, en 1997, a Ángel Salvo, uno de los jóvenes abusados por el “tío permanente” que eran buscados por la justicia.

El gobernador de la provincia del Bío Bío José Miguel Steigmeier, designado recientemente por el Presidente Sebastián Piñera, tiene un historial que lo liga a una operación de lavado de dinero en un paraíso fiscal del Caribe, misma que le permitió al líder de la Colonia Dignidad, Paul Schafer, huir de la acción de la justicia y esconderse por varios años en Argentina, donde finalmente fue detenido en 2005.

Steigmeier colaboró activamente en este blanqueo de capitales comprando terrenos y participando de las sociedades creadas por el enclave alemán a principios de los 90’, luego que el ex Mandatario Patricio Aylwin le revocara la personalidad jurídica.

La participación de Steigmeier está probada en varios procesos judiciales sobre la ex Villa Baviera, pero sobre todo en una declaración que el doctor Hatmutt Hopp -uno de los miembros del círculo de hierro del “tío permanente”, como apodaban a Schafer- le prestó al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda.

Este hecho ocurrió a fines de 2005, cuando Hopp decidió romper el pacto de silencio sobre las actividades del enclave alemán y reveló cómo se gestó la red de lavado de activos a través del paraíso fiscal de las Islas Saint Kitts y Nevis, donde además consiguió documentación falsa para Schafer y su hija adoptiva Rebeca.

Steigmeier –uno de los vicepresidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura- también fue investigado por esconder a víctimas abusadas por Schafer en el predio Santa Matilde

Hopp fue condenado en el llamado caso armas de la Colonia, donde se refrendan estos hechos.

El dinero que Schafer usó para vivir en la clandestinidad en el país vecino fue triangulado a través de varios bancos, uno de ellos el Chemical Bank, precisamente el usado por Pinochet –entre muchos otros- para esconder los dineros que guardaba en el Banco Riggs de Estados Unidos. Hopp también pasaba el dinero por Uruguay, que por esos años –fines de los 90, principios de 2000- tenía una débil legislación anti lavado de activos.

Pero el dinero debía tener un espejo en Chile. Según el propio Hopp, los fondos pasaron entonces a “personas que lo han manejado en forma independiente”.

Y allí está nuevamente Steigmeier, dueño de propiedades en Los Ángeles y Santa Bárbara, quien junto al abogado Enrique Veloso y Edgardo Neumann, conformaron la sociedad llamada “Tierra Negra”. Esta última compró un terreno por US$ 1 millón al interior de Los Ángeles, con fondos triangulados y que estaban en un fideicomiso en Canadá.

Steigmeier –uno de los vicepresidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura- también fue investigado por esconder a víctimas abusadas por Schafer en el predio Santa Matilde. Se trata del caso de Ángel Salvo ocurrido en 1997, quien era “cuidado” por el colono Ernest Schreiber, hijo de Albert, otro de los miembros del círculo de hierro del jerarca y jefe financiero del enclave.

Steigmeier, junto a Veloso y Neumann, viajaron en varias oportunidades a Buenos Aires cuando Schafer vivía ahí en la clandestinidad. El primero, además, aparece junto al jerarca en una fotografía, de las pocas que se conocen. Además fue testigo de conducta de este último, figura jurídica del antiguo sistema para lograr beneficios procesales durante la tramitación de un sumario criminal, como por ejemplo la libertad condicional.

La ligazón de este empresario con el enclave llega al punto de que su padre falleció en el hospital (Neukra) de la Colonia Dignidad. Su hermano es el actual obispo de Villarrica, monseñor Francisco Javier Steigmeier, quien asumió ese cargo episcopal hace casi un año, según el diario La Tribuna de Los Ángeles.

El cargo de gobernador con el que fue ungido Steigmeier, fue anunciado hace unos días por el propio ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y la vocera de gobierno Ena von Baer. Según dijeron en la oportunidad, la elección de estas autoridades se trató de un “proceso extraordinariamente exigente y acucioso”.

Nota de redacción: Este diario intentó ubicar a José Miguel Steigmeier en la Sociedad Nacional de Agricultura, pero se indicó que no estaba, entregándose un teléfono de Los Ángeles donde tampoco fue habido.

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2010-03-03T09:01:00.000-05:00

Miércoles, 3 de Marzo de 2010
Santiago 16º Cambiar ciudad
Actualizado a las 10:50

3 DE MARZO DE 2010

Jefe de la FACh dijo que a dos horas del sismo militares estaban operativos

La Moneda en la mira por vacilaciones luego del terremoto

Más allá de la catástrofe misma, subyace un tema de seguridad nacional, según indican fuentes de la comunidad de inteligencia. Y es que la demora en reaccionar por parte del gobierno en sacar a los militares a la calle, junto a la construcción de puentes de distribución, así como la evidencia de los puntos para cortar al país y los problemas de comunicación, se convierten en un verdadero caramelo para los servicios de inteligencia vecinos.

Las tres ramas de las Fuerzas Armadas (Marina, Ejército y FACh) estaban plenamente operativas a poco más de dos horas del mismo 27 de febrero para asumir la misión de tomar control de localidades devastadas y prestar ayuda con hospitales de campaña y establecer puentes logísticos. Sólo esperaban la orden presidencial.

Sin embargo, la descoordinación al interior del gobierno y el desconocimiento de la magnitud de la catástrofe hicieron que la Presidenta Bachelet recién tomara la decisión de decretar el estado de excepción constitucional el domingo, luego de un mediático viaje en helicóptero del ministro de Defensa Francisco Vidal (PPD), las visitas a distintas localidades del Mandatario electo Sebastián Piñera y la transmisión en directo por la televisión de saqueos a supermercados en Concepción.

Fuentes militares consultadas por El Mostrador manifestaron que al interior de las Fuerzas Armadas hubo “molestia” y “desconcierto” por la demora gubernamental. Esta “sensación” surgió, se indicó, porque las relaciones desde que Bachelet fuera ministra de Defensa durante la administración Lagos siempre han sido óptimas, más aún desde 2006 a la fecha cuando la militante PS asumió la Primera Magistratura. Y claro, es una mujer que entiende de los temas. No sólo por ser hija de un general de la FACh, sino por haber hecho un postgrado en la materia.

“Esto se trata de un tema país y las Fuerzas Armadas somos parte del país. Estamos preparados para asumir la responsabilidad que implica controlar catástrofes de este tipo”, dijo un miembro del generalato.

Un experto del Ministerio del Interior en materias de seguridad ciudadana explicó a este medio que dentro de las variables sobre orden público que se manejaban el sábado 27 por la mañana, la número uno eran los saqueos y el desborde de la autoridad.

Las palabras del mundo castrense también alcanzan a la FACh, cuyos pilotos estaban también plenamente operativos en el Grupo 10 para llevar ayuda donde se necesitara. De hecho, el comandante en jefe Ricardo Ortega decretó el estado de alistamiento mucho antes de que el Ejecutivo diera la orden, hecho que motivó más de un guiño en Palacio. En suma, la lógica política detrás de la decisión retrasó todo, dicen los militares.

De hecho, ayer Ortega confirmó esta situación y señaló que efectivamente “nosotros teníamos todos nuestros aviones disponibles dos horas después del terremoto, con tripulaciones… los helicópteros, los aviones, teníamos todo listo. Nosotros somos los encargados de repartir personas, alimentos, del transporte, pero tenemos que llevar esas cosas, no las tenemos”.

Lo anterior se ve agravado pues por el nivel de catástrofe ocurrido en la séptima y octava regiones era deducible que podía producirse un desorden de gran magnitud, atendido que la cadena de suministros estaba rota. No había luz, ni agua, ni gas, ni alimentos. Caminos cortados, muertos y desaparecidos, edificios en el suelo y la “marejada” que hizo desaparecer pueblos casi completos, como por ejemplo Constitución, Pelluhue e Iloca.

Un experto del Ministerio del Interior en materias de seguridad ciudadana explicó a este medio que dentro de las variables sobre orden público que se manejaban el sábado 27 por la mañana, la número uno eran los saqueos y el desborde de la autoridad. Se sabía que ocurriría. Pero aún así hubo dubitaciones y demoras.

Pasados ya unos días, en el gobierno reconocen que los desórdenes se produjeron por un vacío de poder y autoridad en las zonas siniestradas, máxime cuando la decisión de decretar el estado de excepción y el toque de queda, se dio a conocer el domingo recién pasadas las 15:00.

Los principales impulsores de integrar a las Fuerzas Armadas, según fuentes de gobierno, fueron el titular del MOP Sergio Bitar y Edmundo Pérez Yoma, a lo que se plegó el secretario de Defensa, Francisco Vidal. Bachelet dudaba, sobre todo porque sus asesores más cercanos estimaban que aplicar el estado de sitio recordaba tiempos de la dictadura militar de Pinochet, tomando en cuenta que bajo esta figura jurídica se restringen las libertades individuales.

Con este análisis de La Moneda detrás, es fácil colegir por qué Bachelet sólo ayer instaló la frase que muchos de los afectados por el saqueo y el pillaje esperaban: “Se actuará con todo el rigor de la ley y con toda la severidad necesaria”, marcó el giro comunicacional de la Presidencia.

Pero no todo fue color de rosa para las Fuerzas Armadas. La Marina, por ejemplo, recibió un “tirón de orejas” de parte de Vidal, debido al error de “interpretación” de parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) sobre el riesgo real de tsunami en la costas del país.

Si bien es cierto luego se corrigió el análisis y se logró que varias localidades fueran alertadas, logrando salvar vidas humanas, Vidal fue categórico con una frase para el bronce, refiriéndose a lo ocurrido en las costas de la Séptima y Octava regiones como también en la isla de Juan Fernández: “Es maremoto de aquí a Burundi, y hubo un error”.

Sin embargo, pese a este error, los ojos están puestos en la Oficina Nacional de Emergencias, dirigida por Carmen Fernández, a quien responsabilizan por la demora en la reacción para entregar ayuda y ponerla a disposición de la FACH, por ejemplo.

Al respecto, aunque sin referirse al caso puntual, ayer el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, explicó que no es hora de “hacer caza de brujas” y que ya habrá tiempo para medir las responsabilidades durante la crisis.

Seguridad nacional

Más allá de la catástrofe misma, subyace un tema de seguridad nacional, dicen fuentes de la comunidad de inteligencia. Y es que la demora en reaccionar por parte del gobierno en sacar a los militares a la calle, junto a la construcción de puentes de distribución, son un verdadero dulce para los servicios de inteligencia vecinos, principalmente del Perú y Argentina.

Lo anterior se produce por varios factores. El primero porque el movimiento de tropas fue lento. Quedan claros cuáles serán los puntos del país a los que hay que destruir para cortar las comunicaciones y caminos, pues en crisis de este tipo la producción de información es gratis. Está en los medios, y las fotografías y testimonios de los afectados por el terremoto hablan por sí solos.

Por ejemplo, durante la última Parada Militar fue posible ver, por primera vez, todo el despliegue del poder de fuego nacional, como un símbolo de que el país está preparado para un conflicto armado. Se suma a ello que gran parte de las fotografías de ejercicios de combate que se han publicado el año pasado siempre son con la tenida de combate del norte de Chile. Sin duda símbolos claros.

Por ahora, el poder de operatividad de los más de 12 mil soldados apostados en la zona está a prueba. No sólo deberán demostrar disciplina y control de la situación, sino también evitar hechos que enloden su actuar, más allá de que la población haya pedido su presencia a gritos.

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